Revisión de ayudas sociales y mano dura ante la inmigración ilegal, «violencia intrafamiliar» y okupas

Llega el cambio, tal y como anunciaba el PP. Las primeras señales de la nueva política que llevará a cabo el Consell, las novedades más notables respecto a la gestión del tripartito e incluso respecto a la de los populares hasta 2015 se incluyen en el documento de 50 puntos conocido este jueves.

La presencia de un nuevo socio con el que el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, compartirá competencias gubernativas implica, por fuerza, también novedades en el discurso y gestión de los populares. Desde el PP se anunció que lo primero que se iba a hacer sería derogar la tasa turística. Pero no será la única derogación.

El medio centenar de medidas consensuadas entre voxistas y populares supone también que «se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos». Si bien el PP nunca ha mostrado demasiado interés por aplicar la legislación de memoria histórica que impulsó Zapatero desde el Gobierno central, el documento avanza una actuación directa y clara frente a la normativa impulsada por el Consell durante los últimos años, con una conselleria, la de Rosa Pérez Garijo (coordinadora general de EU), centrada especialmente en todo lo relacionado con memoria democrática.

En materia educativa, se hace mucho hincapié en la libertad: «La libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas. Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares«, así como en »preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos«.

En materia de bienestar social, se auguran importantes cambios respecto a las políticas que lideró la conselleria que hasta 2022 (dentro de una semana se cumple un año de su dimisión) lideró Mónica Oltra. Se aprobará una «ley integral de protección a la familia» con medidas para «el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento».

Además, se realiza un compromiso de mucho calado. «Revisaremos todo el sistema y la normativa vigente en materia social con el fin de garantizar que las ayudas públicas llegan a las familias que más lo necesitan«, indica el documento, lo que supone el cuestionamiento de las subvenciones de una conselleria, la de Oltra, que incrementó su presupuesto hasta doblarlo desde 2015.

Uno de los asuntos en el que Vox y PP han mantenido discursos distintos es en relación a la violencia de género. Los voxistas han impuesto su nomenclatura: «Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas». El partido de Abascal niega la existencia de la violencia de género y prefiere el término «intrafamiliar», que es el que aparece en el documento firmado por los dos partidos.

Los asuntos vinculados con la seguridad ciudadana cobran protagonismo en función del peso, de la cantidad de puntos en los que aparecen medidas vinculadas a esa temática. Entre el medio centenar de medidas, dos de ellas están estrechamente vinculadas a los okupas. «En el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado», señala uno de los puntos, además de la creación de una «oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal». Igualmente, en el documento se relaciona directamente la «seguridad» con la inmigración ilegal, y reserva al nuevo Consell un papel vigilante y colaborativo respecto a los extranjeros que residan en la Comunitat sin papeles: «La Generalitat pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas». Como colofón, en este sentido, el documento concluye con una declaración de intenciones: «Aseguraremos el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios de este Gobierno».

Otras medidas concretas, al margen de deseos y propósitos es la eliminación de «las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los països catalans». Igualmente, se anuncia la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, así como el impuesto de patrimonio. «Reducción drástica del IRPF en todos sus tramos, especialmente a los salarios medios y bajos», y además de la tasa turística. En este sentido, también se asegura que «aumentaremos el presupuesto sanitario al 30% del total (del presupuesto autonómico) con especial mención a la atención primaria, lo que supondría pasar de los 8.260 millones a cerca de 9.000.

«Exigiremos la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial», será una exigencia que se realice al Gobierno central, que quizá dentro de mes y medio cambie de manos y pase a ser liderado por el popular Alberto Núñez Feijóo.

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