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El juzgado de Instrucción 5 de Valencia ha archivado la investigación abierta en su día contra la subsecretaria de Sanidad, Mónica Almiñana. Ribera Salud sostenía que la dirigente modificó la fecha de finalización de una licitación tras haber terminado el plazo. Esto perjudicó enormemente a la empresa sanitaria, según recogía la querella.
Almiñana acudió en su momento a declarar como investigada. Esquivó cualquier responsabilidad en esta actuación y subrayó que todo lo hizo guiada por sus técnicos.
La juez dictó el sobreseimiento hace unos meses. La magistrada no apreció indicios delictivos y decidió dar carpetazo al asunto. El denunciante pudo tratar de revocar esa resolución, pero no lo hizo, según indicaron desde Ribera Salud.
En septiembre de 2020, Sanidad sacó una licitación en la plataforma de contratación. El plazo terminaba el 6 de octubre. La sorpresa se produjo cuando dos días más tarde se publicó una resolución de la Subsecretaría por la que se concedía ampliar el plazo hasta el 5 de noviembre. Y todavía se hizo otra modificación posterior, hasta el día 9.
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Todo esto evidenciaba una actuación «arbitraria e injustificada», recoge la querella. El modo de proceder atacaba «abiertamente la legalidad y evidenciaba una forma de proceder «arbitraria e injustificada». En definitiva, suponía «una conculcación de los principios de la contratación pública», siempre según los denunciantes.
La ampliación del plazo permitió la entrada de otros licitadores que bien por «desidia o descuido» no habían concurrido en esa primera convocatoria. Sanidad no les ha informado de quién fueron.
Ribera Salud había conseguido por la vía administrativa que la Generalitat rectificara, según explicaron. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales obligó a la Generalitat a anular el concurso por las graves irregularidades detectadas en su tramitación.
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