Ocurre con cierta frecuencia en estos tiempos de vértigo al galope de las redes sociales. Mensajes cruzados de acusaciones, supuestos chantajes, presiones y demás material ... injurioso es utilizado para envolver de sospechas una investigación judicial o incluso, en un ataque de ignorancia, poner en duda una condena. Si al cóctel anterior le añadimos un interés político -qué asunto no lo tiene hoy- el embrollo es épico. Ha pasado, una vez más, en los asuntos judiciales que salpican, directa o indirectamente, a la exvicepresidenta Mónica Oltra. El enfrentamiento entre la víctima de los abusos, Teresa Tanco, su letrado José Luis Roberto y la polemista Cristina Seguí es una derivada más de este escenario, pero sin ninguna conexión ni influencia con los dos asuntos capitales de toda esta trama: la condena a su exmarido por abusar de una menor y la investigación a Oltra y parte de su conselleria por la irregular gestión -está por ver que sea delictiva- al recibir la denuncia y el trato que se ofreció a la adolescente. Para no perderse, conviene ir por partes.
La primera. Luis Ramírez Icardi, marido de Oltra hasta que estalló el caso, fue condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a una adolescente de un centro de protección. El juicio se repitió ante la falta de un informe favorable a los intereses del acusado. De nuevo le condenaron y, además, con la agravante de superioridad. El TSJ ratificó el fallo. En ambos pronunciamientos se recogía la anómala actuación de la Conselleria de Igualdad con una supuesta ocultación de los hechos -no se denunció en Fiscalía- y la posterior «investigación parajudicial» con un claro sesgo contrario a la víctima de 14 años de edad, tutelada por la Administración.
La segunda. Las críticas de la sentencia al sospechoso papel de la Conselleria fueron el germen de lo que hoy se conoce como el caso Oltra, asunto que terminó con la imputación de la vicepresidenta y finalmente su dimisión. José Luis Roberto, presidente de España 2000, se convierte en el abogado de la joven. Por otro lado, una entidad vinculada a Cristina Seguí y representada por el abogado Pablo Delgado, letrado también de Francisco Camps, se suma con una querella. Ambas acciones judiciales confluyen finalmente en el mismo juzgado de Instrucción. Primero el titular de Instrucción 15, el juez del conocido caso Emarsa, más tarde la fiscal superior del TSJ, Teresa Gisbert de conocida sensibilidad progresista y, por último, tres magistrados del TSJ (De la Oliva, Torres y Ferrer) apreciaron indicios de criminalidad en la actuación de la vicepresidenta. La imputación de Oltra se produjo únicamente tras analizar la documentación y las explicaciones -algunas incomprensibles- de cargos de Igualdad. Aquello inhabilitó políticamente a Oltra. Teresa Tanco, la víctima de los abusos, no ha declarado en este procedimiento. Ni en contra de Oltra ni en contra de nadie. Se desconoce el altruismo de Roberto y Seguí en esta historia. Pero existía un interés, incluso para el más ingenuo de los mortales, que era indiscutible: terminar con su carrera política. ¿La denuncia perseguía un rédito político? Es evidente. De igual modo que ese origen, una vez superada la criba de un juez, un fiscal y tres magistrados, no puede ensombrecer los indicios de criminalidad. Lo contrario nos llevaría a prescindir de cualquier investigación por motivos políticos. Es decir, nunca se hubiera investigado la Fórmula 1, por poner un ejemplo cercano, porque lo impulsó el PSPV. En fin. No conviene extenderse en este argumento.
Las desavenencias entre la víctima y su letrado no afectan a la investigación a Oltra ni a la condena a su ex
El entorno de la joven acusa a su letrado de usarla para acabar con Oltra. Algo evidente y sin repercusión judicial
La tercera. La más reciente, triste y de incierto final. Teresa Tanco ha pasado media vida en centros de protección. No tiene familia. Difícilmente alguien se puede imaginar los pesares de esa infancia y adolescencia. Pero el presente sirve de prueba: con apenas 20 años tiene dos hijos y carece de medios económicos. No ha tardado en revolverse contra su entorno -no se puede hablar de algo sorprendente- justo en el momento en el que parece haberse cerrado el grifo del dinero. Las acusaciones en redes de que se ha sentido utilizada se suceden con la aparición en escena de una supuesta prima, ariete ahora contra el abogado. Tanco vivió de la caridad de aportaciones de particulares. Su relato y su historia despertaron la lógica compasión. Tan rápido como recibió el dinero, este desapareció. Suele pasar. Incomprensiblemente en una situación normal, este cruce de acusaciones con su propio letrado no ha terminado aún en un cambio de defensa. Pero llegará. No puedes confiar tus intereses en alguien que supuestamente te ha traicionado.
Por otra parte, Igualdad espera un informe de Servicios Sociales para declarar a los menores en desamparo. Y la joven, mientras, aguarda un juicio por estafa donde se enfrenta a 20 meses de cárcel. Lo difícil, en su situación, es escapar de un pasado que desemboca en la delincuencia. De nuevo, se cumplirá esa máxima de que los hijos de madres en centros de protección terminan en el mismo lugar. Y esto invitaría a otra reflexión, la de qué papel desempeña la Administración. La de Oltra y la de los anteriores con los menores desamparados. Y todo este drama personal no altera la condena por abusos. Ni influirá en la resolución del Supremo. Lo que no está en la causa no existe. El ruido es propicio para los predicadores del lawfare y los creyentes de las conspiraciones por la imputación de Oltra. De momento, Teresa Tanco sigue siendo la víctima. De todos.
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