La Sala de Gobierno frena un refuerzo para la juez de Azud, la trama que afecta al PSPV

El caso Azud, la investigación de la última trama de corrupción descubierta, sigue ganando volumen en el juzgado de Instrucción 13 de Valencia. Los expedientes judiciales llevan casi cinco años bajo secreto de sumario, una medida excepcional y cuya duración no encuentra precedentes en la Comunitat. Por poner otros ejemplos destacados, el caso de Zaplana estuvo bajo secreto unos dos años y el de Alfonso Rus, incluso menos tiempo.

La causa cuenta ya con 68 investigados, tal y como informó LAS PROVINCIAS. La jueza solicitó en su día la prórroga de un refuerzo con el que contaba. Pero la Sala de Gobierno, el órgano que se encarga de los tribunales en la Comunitat, frenó esa posibilidad al no estar suficientemente argumentada.

La instructora lo ha vuelto a solicitar ahora. De nuevo, la misma respuesta negativa. Al parecer, el hecho de que sea una macrocausa -número de investigados y volumen de las actuaciones- no se ha traducido, por el momento, en una explosión de la carga de trabajo.

De hecho, en los últimos meses se ha procedido al volcado de todo el material decomisado durante la última fase de la operación, pero ese es un trabajo más policial. Así que no se ha podido acreditar por qué es necesario ese refuerzo. Además, recuerda que el juzgado ya tuvo un refuerzo desde junio de 2020 hasta octubre de 2021 y ese mismo mes de noviembre un juez de prácticas.

La Sala de Gobierno, pues, no tramitará la petición al Consejo General del Poder Judicial. No obstante, deja la puerta abierta a modificar esta decisión si cambian las circunstancias actuales.

Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia; y Rafa Rubio, hombre fuerte del PSPV en la ciudad y subdelegado del Gobierno, son los imputados con mayor resonancia mediática. Les acompañan otros hombres conocidos en la sociedad valenciana como el letrado José María Corbí, cuñado de la exalcaldesa de Valencia y el empresario Jaime Febrer, ambos salpicados durante la primera fase de la operación policial. Grau llegó a estar cerca de seis meses en prisión provisional.

Pero, además, las pesquisas salpican también al PSPV. El juzgado analiza si el partido pudo beneficiarse de algún modo de la trama a través de algún cohecho. En este sentido, destaca la implicación en la causa de José Luis Vera, el jefe jurídico de Divalterra y profesional con poderosos vínculos con la organización o, también, el supuesto de Pepe Cataluña, histórico de las finanzas del partido y persona de máxima confianza de todas las cúpulas del PSPV.

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