La salida más sencilla para el ponente del caso Zaplana: aceptar la recusación

La presencia del penalista Vicente Grima, que representa los intereses de Vicente Cotino en este asunto, lo cambió todo. Este letrado denunció hace más de 20 años al magistrado, en aquel entonces al frente de un juzgado de Instrucción de Valencia. Los hechos, sobre el papel, eran de una gravedad extrema: le acusaba de reclamar dinero a través de un tercero a cambio de rebajar la pena a un acusado. El TSJ, tras una extensa investigación, decidió archivar el caso ante la falta de indicios para continuar el procedimiento penal.

Desde entonces, el juez se ha ido absteniendo en la mayoría de los procedimientos que le han llegado. «¿Va a tener el magistrado la serenidad y frialdad de ánimo necesaria para juzgar con imparcialidad cuando al letrado defensor lo considera «repugnante», «canalla» y «despreciable», y le atribuye no sólo una intención de perseguirle, destrozar su honor y dañarle, sino ser causa con otros- de un dolor que está marcando su vida familiar y profesional desde 1996?», reflexiona Grima en la recusación que ha presentado en las últimas horas.

La recusación es el último paso dentro de una serie de vaivenes judiciales que han terminado por enturbiar el final de la carrera profesional de Megía, que debía de jubilarse este mes de marzo pero que, en su momento, pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una prórroga de dos años, una circunstancia habitual en la judicatura.

Los últimos días han sido de vértigo para el profesional. Primero se le designó ponente y tras una consulta de Grima, el Letrado de la Administración de Justicia lo ratificó. Más adelante, tras la polémica, optó por abstenerse. Pero entonces, sorprendentemente, la sección Cuarta rechazó que Megía se apartara del procedimiento. No concurrían los requisitos. La enemistad manifiesta «ha de ser evidenciable y patente» y, además, darse con el cliente no con el abogado, señalaron los magistrados de la sección Cuarta.

Y fue entonces cuando llegó, este pasado fin de semana, la recusación, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS. Ahora se abre un procedimiento diferente, lo que se conoce como incidente de recusación. Se debe nombrar a un instructor, la persona que dará traslado a las partes del asunto y propondrá una resolución -aceptar o no la recusación- a la sección Quinta, la encargada, en última instancia, de respaldar la decisión del instructor. Este se designa siempre por orden de reparto. El criterio para la selección es de menor a mayor antigüedad.

Pero quizá el recorrido de todo este asunto pueda acortarse notablemente. Megía puede aceptar la recusación y con esa decisión todo este procedimiento se cerraría de inmediato. Esta posibilidad se antoja como la opción más lógica si tenemos en cuenta que él mismo decidió abstenerse al ver el cariz que adquirían los acontecimientos y, en especial, el conocimiento de la situación por parte de la opinión pública. El magistrado, seguro, que ya medita qué hacer.

El supuesto cabecilla del conocido como caso Erial es Eduardo Zaplana. La instrucción ha dado por acreditado que disponía de una fortuna oculta en el extranjero procedente del cobro de mordidas por los amaños de los parques eólicos y la privatización de las ITV. Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel por estos hechos así como una multa de 40 millones de euros.

Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La Fiscalía sostiene que fueron ellos quienes abonaron las cantidades económicas, de varios millones de euros, porque sus empresas obtuvieron enormes plusvalías con las adjudicaciones públicas.

La menor participación del expresidente José Luis Olivas se queda en una petición de seis años. En cualquier caso, castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan. El escrito de acusación incluye también al amigo de Zaplana y supuesto testaferro Joaquín Barceló y a su número 2 en la Generalitat, Juan Francisco García. Estos, junto con su secretaria personal, Mitsuoko Hernández, forman el núcleo duro de presuntos colaboradores del exministro en el caso Erial.