Sánchez retrata la escasa influencia de Puig al ningunear su 'agenda valenciana'

Todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese dinero invertido en viajes, en organizar eventos, no se ha traducido ni en un minuto del preciado tiempo que el presidente Pedro Sánchez tenía para intentar revertir la tendencia por la cual ya puede comenzar a prever que tendrá que sacar de la Moncloa el colchón que llevó cuando se instaló allí. Ni rastro de la agenda valenciana. Financiación, descentralización de las instituciones, corredor mediterráneo, crisis hídrica, la tercera vía valenciana en materia de nacionalismo... lo que se suponía que pretendía filtrarse en la agenda política nacional como una lluvia fina no ha calado, ni mojado, ni salpicado el discurso del presidente del Gobierno.

La intervención esta semana del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso de los Diputados ha supuesto una nueva oportunidad desperdiciada para poner en valor esa agenda valenciana de Puig. La enésima certificación de la escasa influencia del presidente valenciano en Moncloa, despachada el primer día del debate con una mención de pasada a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, y con una referencia de manual el segundo a la reforma de la financiación autonómica. Es «una prioridad» para el Gobierno, dijo, pero ni puso fechas, ni fijó plazos ni añadió novedad alguna a una hoja de ruta que parece inexistente.

Sánchez dijo que la situación ha sido compleja, que la pandemia ha afectado, que las inversiones en la Comunitat son muchas y que los fondos han seguido llegando. Obvió que se trata de préstamos que habrá que devolver, y guardó silencio respecto a si piensa convocar o no en julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar las alegaciones a la propuesta de población ajustada que el ministerio de Hacienda presentó allá por el 3 de diciembre. Hace ocho meses de aquella propuesta. Hace ocho años que caducó el actual sistema de financiación. El tripartito sumará ocho años al frente de la Generalitat. Y de la financiación sin novedad. La resolución aprobada no fija un solo compromiso al respecto.

Puig ha comentado en alguna ocasión que la Generalitat suma ya cuarenta recursos en defensa del trasvase Tajo-Segura. El jefe del Consell ha dicho estar en contra de «guerras del agua» y ha dicho defender esa transferencia de agua sin posiciones «fundamentalistas ni viscerales». Probablemente, tener que presentar cuarenta recursos puede ser la mejor prueba del escaso eco que ha tenido la posición que defiende el presidente de la Generalitat en relación con este asunto. En el Congreso de los Diputados esta semana el debate sobre la política hídrica, sobre la necesidad de garantizar la llegada de agua a las cuencas que más lo necesitan, sobre la obligación de un Gobierno de adoptar las medidas necesarias para que todo su territorio, y no sólo una parte, disfrute en igual medida que los demás de un bien común, como es el agua, no ha tenido ningún eco. Cero. Ni una gota.

Uno de los grandes debates que Ximo Puig ha tratado de introducir en la agenda política nacional es el de la descentralización de instituciones ubicadas ahora en Madrid. Una propuesta dirigida a situar diferentes entes del Estado a lo largo de todo el territorio y que ha recibido como respuesta del Ejecutivo central un matiz significativo. Que sí, pero sólo para las nuevas entidades -nada de traer Puertos del Estado a Valencia; una parte del Senado, a Barcelona; la sede del Tribunal Constitucional, a Cádiz; el Tribunal Supremo a Castilla y León o el Tribunal de Cuentas-. Sánchez, ante el pleno sólo habló de la implantación de dos nuevos organismos dentro de esa descentralización, pero vinculada a la despoblación. En concreto, con la apertura de sedes de organismo nacionales en Cáceres y Soria.

El grado de ejecución de la infraestructura es el que destapa la realidad de la apuesta del Ejecutivo central por esta conexión. En el caso del corredor mediterráneo, y según las cifras facilitadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la realidad arroja que sólo el 34% de todo el trazado está en servicio, frente al 21% de 2018. Muy lejos de aquel compromiso del Gobierno de que en el caso de Valencia y Castellón el corredor estaría en servicio en 2015 y, un año más tarde, en Alicante. El comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, confía en la llegada de los fondos europeos para dar el impulso definitivo a la infraestructura. Pero, mientras tanto, esas dos palabras 'corredor mediterráneo' no salieron de boca del presidente del Gobierno. Los empresarios de la Comunitat, que esta próxima semana cuentan con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo como invitado, habrán tomado buena nota.

Unido a la reivindicación de la reforma de la financiación, la posición de la Comunitat viene reclamando la aprobación de un fondo transitorio (hasta aprobar el nuevo modelo) y la condonación de la deuda histórica (cifrada en unos 40.000 millones de euros). Tampoco hubo una sola referencia del presidente del Gobierno a este escenario. De hecho, ni siquiera la hubo por parte del diputado de Compromís, Joan Baldoví, que también pasó muy por encima del debate sobre la financiación.

Tras cumplirse el pasado 10 de julio, el 40 aniversario de la recuperación del autogobierno valenciano, Juristes Valencians se había dirigido a los diputados valencianos del PP, PSOE, Unidas Podemos y Compromís en el Congreso para con motivo del debate sobre el Estado de la Nación solicitar la presentación y aprobación de una resolución de la cámara baja para la tramitación urgente de la reforma planteada por les Corts para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano y requerir su tramitación conjunta con la promovida por CERMI para modificar la redacción y contenido del artículo 49 de la Constitución. En el debate no hizo una sola mención a este asunto. En las resoluciones, todo estaba dispuesto para el acuerdo, para poner en marcha el proceso, pero... apareció la torpeza -los grupos coinciden en señalar a Joan Baldoví- y lo que debía de haber sido un acuerdo acabó siendo un ridículo, con una propuesta que no llegó a presentarse.

El Gobierno valenciano asegura haber aportado casi 2.500 millones de euros desde 2019 para sufragar el sistema de dependencia, frente a los 350 millones que, según se asegura, ha aportado el Estado. Desde la conselleria de Igualdad se ha recordado que la ley obliga a que la financiación de la dependencia se financie a partes iguales entre el Estado y las CCAA, circunstancia que, a la vista de estas cifras, está muy lejos de producirse en la Comunitat. En el debate de esta semana tampoco se escuchó decir nada en este sentido a Sánchez.

Compromís ha lamentado en reiteradas ocasiones la exigua colaboración estatal en el funcionamiento de los principales centros culturales valencianos como el IVAM o el Palau de les Arts Reina Sofía. Las aportaciones que vía PGE realiza el Gobierno a distintas entidades culturales de Madrid o catalanas, contrastan con el escaso presupuesto que se dedica a las valencianas. Tampoco hubo referencia alguna a este asunto en el debate del estado de la nación.

Sin ofrecer calor alguno a la agenda valenciana, y con un giro a la izquierda que contrasta con la búsqueda del centro por la que parece apostar Puig, Sánchez prosigue con su carrera a la búsqueda de recortar distancias con el PP de Núñez Feijóo. La del líder de los socialistas valencianos, por contra, trata de no dejarse alcanzar por el PP de Carlos Mazón. Objetivos distintos que obligan a dinámicas contradictorias, como ha demostrado el debate.