Sandra Gómez gastó 20.000 euros en las cartas electoralistas

Estas cartas están catalogadas como publicorreo y cuestan 0,22 euros la unidad, según consta en la factura emitida por Correos, con un precio total de 16.417,28 euros más el 21% de IVA. Esta publicidad directa, según consta en la documentación, se registró el 29 de marzo y comenzó a entregarse el 31 de marzo, a menos de dos meses de las elecciones.

El artículo 4.2.7 de la normativa para el reparto de los servicios postales establece que en las ciudades de más de 50.000 habirantes el publicorreo se debe distribuir en un plazo de cinco días. De esta manera, en muchos domicilios las cartas se recibieron el mismo día o después de que se convocaran las elecciones municipales -el 3 de abril-, por lo que podría contravenir la normativa electoral.

Las cartas electoralistas pagadas con dinero público y firmadas por Sandra Gómez detallan los proyectos que se han puesto en marcha o se van ejecutar en un futuro en los distintos barrios de la ciudad. Además, incorporan un código QR para que los ciudadanos, a través de su teléfono móvil, puedan conocer con imágenes el cambio de cara para su barrio.

La información, adelantada por LAS PROVINCIAS, ha generado un cruce de acusaciones entre los grupos municipales del Ayuntamiento. El PP critica al PSPV, los socialistas se defienden y apuntan que la culpa es de Compromís, que es quien da el visto bueno a la fecha de reparto.

En julio de 2022, como consta en las notas de interior del Ayuntamiento y en los albaranes de la imprenta, los socialistas solicitaron el reparto de las cartas de Sandra Gómez. En ese momento, 88.000 envíos. En verano, el departamento de Gómez pidió el permiso para enviar los sobres.

Hasta noviembre, según consta en las notas de interior, el área de Luis Notario (Compromís) no activó el procedimiento del envío de publicorreos, y preguntó a varias concejalías. Desde el área de Gómez, inmediatamente se pidió la autorización para el envío de 82.371 cartas y hasta el 6 de marzo de 2023 no se da el visto bueno para repartir los miles de sobres en los 15 lotes previstos. Los socialistas defienden que se pidió en plazo, no se sienten responsables del retraso del envío y acusan a los populares de embarrar la campaña y de tratar de ocultar la condena del Supremo por la visita del Papa dentro de la macrocausa de Gürtel.

El PP ha presentado una petición ante la Junta Electoral General para que abra un expediente sancionador «y determinar si se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad penal electoral en el uso de 19.864 euros de fondos públicos para la promoción electoral de la candidatura del PSPV-PSOE dentro del periodo electoral».

Los populares consideran que se puede estar vulnerando el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que señala que desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas «queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos». Para el PP, las 74.624 cartas remitidas –algunas llegaron el 5 de abril– incumplen la legislación electoral.

El PP considera que desde el 29 de abril, y según la normativa, las cartas se tendrían que haber remitido hasta el martes 4 de abril, aunque la convocatoria de las elecciones municipales se firmó el lunes 3 de abril.