Sanidad, Presidencia y Agricultura, las que más contrataron a dedo en 2023

En la mayoría de los expedientes revisados sobre la contratación menor, los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato en los términos establecidos en el artículo 101 de la LCSP. Según Sindicatura, esta deficiencia es importante por cuanto el valor estimado determina los procedimientos de contratación.

Al igual que en ejercicios anteriores, se continúan detectando determinadas deficiencias en las obligaciones de comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat y a la propia Sindicatura de Comptes. La mitad de toda la contratación de Sanidad, Educación y Hacienda no cumplió con la obligación de pasar por el ROCG.

La auditoría de la Sindictatura de Comptes incluye nueve recomendaciones para mejorar la gestión contractual por parte de los responsables de la administración de la Generalitat, como designar un responsable del contrato aunque no es obligatorio para los menores.

Otra recomendación es establecer en los pliegos que las ofertas contengan la intención de subcontratar determinadas prestaciones del contrato, la forma en la que el adjudicatario deba comunicar la subcontratación en tiempo y forma y el procedimiento de comprobación por el órgano de contratación o el responsable del contrato.

Además, se insta a aprobar formularios para las declaraciones de ausencia de conflicto de interés con el contenido mínimo necesario para que esta declaración sea completa y su posible comprobación resulte efectiva.

Sindicatura realiza más recomendaciones por consellerias. En Hacienda propone verificar que los responsables del contrato comprueban el cumplimiento de los criterios de adjudicación y ejecución. En Educación plantea comunicar a la Intervención de la Generalitat la fecha y lugar de la recepción de instalaciones educativas. Y en Servicios Sociales, implantar la firma electrónica en las actas de aprobación del programa de la adjudicataria.

La Generalitat tramitó durante el ejercicio 2023 un total de 783 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto (se enriquece sin causa al contratante y se permite al licitador reclamar que se le abonen los trabajos realizados, un pago por un servicio que se le ha prestado y para el que no existía provisión presupuestaria prevista por un total de 1.668,4 millones de euros. De este importe, el 88,3% corresponde a Sanidad.