El secretario de Divalterra: «Los nombramientos debían pasar por el consejo de administración»

Boquera ha recordado durante su declaración de este lunes en calidad de testigo cómo en los primeros contratos, los de los cogerentes, al margen de este proceso, fue informado por José Manuel Orengo, el que fuera jefe de gabinete de Jorge Rodríguez. En las siguientes incorporaciones, las que ahora se cuestionan, nadie le informó . «Agustina Brines me dijo que habían hecho más áreas en Divalterra. Algunas, yo ni las conocía». Nadie le pidió informe sobre esa nueva estructura, según ha declarado ante el tribunal.

Ricard Gallego siempre se ha quejado de que el presidente no le gustaba el funcionamiento de Divalterra, según Boquera. «Allí no hacían lo que el presidente quería», ha precisado. Fue cuando propusieron que Cuerda, otro de los acusados, pasara a Presidencia. Administrativamente no era posible. Se recurrió a la fórmula de asignación de funciones temporal, según el criterio de Boquera. Pero nunca se llegó a hacer de esta forma.

Gallego le preguntó a Boquera si él haría un informe. Le dijo que sí, pero le adelantó que no le iba a gustar. No le comentaron nada. El testigo ha recordado su parecer, estos nombramientos debían pasar por el consejo y responder a los criterios de mérito y capacidad, cuestiones que no se respetaron en estos puestos.

A Boquera le han preguntado de quién fue la idea de asignar diez directivos a Divalterra. «Esto vino de Hacienda de la Diputación». Pero era ajustarse a lo que había, que ya había diez directivos. En 2020 esto se reduce. «No tenían funciones asignadas que respondiera a esa categoría». No ha podido explicar por qué no se hizo antes, en 2015.

En 2019 llega Toni Gaspar, «en su discurso ya anuncia que se debe transformar». En ese momento, se empieza a hablar de la fórmula más óptima para la transformación. Los asuntos importantes de Divalterra siempre se han decidido en la Diputación.

Boquera ha hablado de que lo importante no era el número de directivos sino el sueldo. En este sentido, la ley lo que pretendía era limitar el gasto no el número de directivos.

Rafa Soler ha sido el otro testigo de la jornada. Fue consejero del PP de 2015 a 2019. «Me enteré porque desde Cs fueron a requerir una serie de informes sobre esas contrataciones y tuvo que ir con un notario». Soler tenía contacto con la gerente Agustina Brines. Pero ha asegurado que nunca conoció ni las contrataciones ni los despidos. «Me enteré de todo por la prensa». La comparecencia de Soler ha resultado ciertamente apática.