El segundo conseller de Camps que entrará en prisión

La confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo de la condena de nueve años de prisión a Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo, implica la entrada en la cárcel del segundo responsable del Consell de Francisco Camps. El que fuera conseller de Cooperación, Rafael Blasco, cumple condena desde el 15 de junio de 2015.

Blasco fue condenado a una pena de seis años y medio de prisión por la primera de las piezas del caso Cooperación, aquella en la que se juzgó la adquisición de dos inmuebles con fondos que debían de haberse destinado a ayudas para el Tercer Mundo. Al exconseller se le consideró autor de un delito de malversación de 1,8 millones de euros. Paradójicamente, la exconsellera y expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez ha sido condenada a nueva años de prisión por una malversación de 270.000 euros. Blasco y Martínez formaron parte del Consell de Camps, que también se encuentra investigado en diversas causas judiciales -Valmor, Circuito de Fórmula 1 y visita del Papa-.

En prisión también ingresaron otros dos destacados cargos del PP valenciano: el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, que ya está en libertad, y el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, que terminó de cumplir su condena en verano del año pasado.

Por otro lado, la responsable del área jurídica del PSPV, Ana Barceló, reivindicó ayer los «grandes esfuerzos tanto humanos como económicos» hechos por este partido para «perseguir la corrupción en los tribunales y no solo en los platós de televisión» -en aparente alusión a la líder de Compromís, Mónica Oltra-.

La dirigente socialista recordó que todavía hay «muchos casos de corrupción de los 20 años del PP en el Gobierno de la Comunitat que todavía se encuentran en los juzgados como Valmor, Taula, Brugal, Ciegsa e incluso otras causas de la Gürtel como la visita del Papa» a Valencia en 2006, según la diputada socialista. Barceló recordó que a las penas de prisión de Blasco y Martínez se le añaden las imputaciones de dos de sus expresidentes de la Generalitat, de los tres presidentes provinciales de Alicante, Valencia y Castellón, de once consellers o personas de su estructura como el secretario general, la tesorera o el vicesecretario de Organización.