Las seis agencias fantasma que ha dejado el Botánico

El Botánico también invirtió esa tendencia de reducción de empresas y entidades públicas obligada por el necesario control del gasto motivado por el crecimiento del déficit y la deuda. Más empresas y entidades públicas no tiene por qué ser una mala decisión, si el objetivo es cumplir una función o unos objetivos para los que se necesita una nueva herramienta. El problema es cuando se crean empresas para desempañar funciones que ya atienden las respectivas direcciones generales. Y peor aún, cuando se crean empresas pero ni se les dota de contenido, ni se les aprueba reglamento o estructura alguna.

¿Y esto ha ocurrido? El Botánico dejó el Gobierno tras las elecciones del pasado 28 de mayo con seis agencias 'fantasma', es decir, seis entidades del sector público instrumental aprobadas mediante sus correspondientes leyes pero sin estructura orgánica y funcional, sin presupuesto y con competencias que ya venían desarrollando las correspondientes direcciones generales. Seis entidades, por tanto, de más que discutible utilidad -toda vez que sus funciones ya las prestaban otros organismos-, que implicaban obvias duplicidades de objetivos.

La Agencia Valenciana de la Energía (AVE), la Agència per a la Digitalització i la Ciberseguretat de la Generalitat (ADiC), la Agència Valenciana d 'Informació i Control Alimnentari, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular y la Agencia Valenciana de Cambio Climático. Y una más, la Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) que, a diferencia de las cinco anteriores vio aprobado su reglamento de organización y funcionamiento a dos meses de las elecciones del 28-M, momento en el que pasó a ejercer las competencias en materia de selección y formación desarrolladas por la dirección general de Función Pública.

En todos estos casos, el Botánico admitía que hasta su puesta en funcionamiento las funciones que le encomendaba la ley serían ejercidas por la dirección general competente. En el de la EVAP, la aprobación del reglamento permitió a esta entidad «ejercer las competencias en materia de selección y formación que venían siendo desarrolladas por la dirección general en materia de función pública». Es decir, en todas ellas existen direcciones generales o departamentos que prestaban un servicio y para los que el Botánico decidió crear otra empresa pública, con lo que supone de aumento de personal y del gasto público. Y al mismo tiempo, de agigantamiento de un sector público del que se viene reprochando su opacidad y las permanentes dudas en materia de contratación.

La Agencia Valenciana de la Energía se creó como Entidad de Derecho Público (EDP), según artículo 166 de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2023 como una entidad especializada que permitiría conseguir la transformación del actual modelo energético y los objetivos establecidos para 2030-2050. Una escisión del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) cuyas funciones y competencias en tanto no se desarrolle su estructura orgánica y funcional (...) «continuarán ejerciéndolas los órganos y las unidades que las ostenten actualmente».

La ADiC se creó como EDP, según artículo 239 de la misma Ley de acompañamiento, y su objeto debía ser el diseño y la ejecución de medidas para mejorar los niveles de transformación digital y de ciberseguridad de la Generalitat y agilizar la contratación de servicios y suministros y la gestión del talento en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

La Agència Valenciana d'Informació i Control Alimentari se creó según la disposición adicional sexta de la Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania y tenía como objeto la ejecución de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en la Comunitat Valenciana siguiendo las directrices de política general del Consell. En el DOGV de 7 de marzo de 2023 se publicó el anuncio relativo a la información pública del proyecto de decreto de aprobación de los estatutos.

La de Residuos y Economía Circular se creó como una EDP, según el artículo 8 de la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, con el objeto de ejecutar las medidas, en el ámbito de las competencias autonómicas, para la implementación y cumplimiento de la política de residuos de la Comunitat Valenciana de acuerdo con lo establecido en la citada ley. Se establecía un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, para que el Consell promueva la puesta en funcionamiento de la Agencia. Hasta este momento, las citadas competencias eran ejercidas por órganos y entidades del sector público instrumental (entre ellas Vaersa).

Por último, la Agencia Valenciana de Cambio Climático, creada también como EDP, según la Ley 1/2023, de 8 de marzo, para realizar actividades prestacionales y de fomento; como en el resto, hasta su puesta en funcionamiento las funciones que le encomienda la ley serán ejercidas por la dirección general competente en materia de cambio climático (Dirección general del cambio climático).

La pasada semana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, advirtió de que, al levantar las alfombras y ver si había algo de suciedad dejada por el anterior Consell, comprobó que la mayor parte del polvo en suspensión obedecía al modo en que se manejaban las empresas públicas de la Generalitat. El sector público instrumental era un agujero negro que, lejos de reducirse, no hizo más que incrementarse durante los años del Botánico. Mazón, durante la sesión de control en Les Corts, anunció que había dado instrucciones a la Abogacía de la Generalitat para mostrarse vigilante frente a las posibles trapacerías que van emergiendo una vez el nuevo Consell ha empezado a conocer lo que tiene entre manos. «La punta del iceberg», sospecha el jefe del Consell.