Seis años de negociación política que acaban en tablas

Para llegar al documento que ayer las conselleras de Justicia y de Educación, Gabriela Bravo y Raquel Tamarit, presentaron en rueda de prensa, con los niveles de valenciano que se requerirán para acceder a las distintas escalas de empleo público, han hecho falta numerosas reuniones. Pero, sobre todo, muchas cesiones entre partidos y entre departamentos. En Justicia residen las competencias de Función Pública, pero en Educación están las de Política Lingüística. Ambas consellerias estaban de acuerdo en aplicar el requisito, pero no en el nivel de valenciano que establecer para optar a los puestos más altos de la tabla salarial de la Administración. Aquellos ocupados por los licenciados, donde se presupone una mayor competencia profesional y lingüística. Pero, ni Tamarit (Compromís) estaba dispuesta a aprobar un nivel por debajo del C1 (un nivel intermedio), ni Bravo a aplicar un requisito superior al que se obtiene al acabar el bachillerato en los institutos de la Comunitat. Así que para contentar a todas las partes, Educación acreditará el nivel necesario para opositar a los niveles más altos del empleo público simplemente con obtener un siete de calificación, en la asignatura de valenciano, durante los dos cursos de bachillerato; y Justicia cede con que el C1 (el antiguo 'Mitjà') sea el nivel exigible para las Ofertas de Empleo Público.

Por el camino, ambas formaciones se han dejado muchos pelos en la gatera. Pero, sobre todo, un desgaste político con un tema que genera recelos en la oposición y que, además, tiene buena venta en la prensa nacional, por la imposición de un peaje para poder opositar en la Comunitat, vía requisito que discrimina a quienes no lo acreditan. Suerte que los médicos han quedado fuera, porque eran parte del axioma de la imposición.

La negociación ha estado incluso meses en vía muerta. Sobre todo a raíz del dictamen de la comisión de expertos en la que Compromís y PSPV se partieron en dos mitades exactas para discrepar en el nivel de valenciano a exigir. El tema era crucial para los nacionalistas, en pleno año electoral, y un compromiso para los socialistas que, sin embargo, los alejaba de un votante de centro que no se mueve por impulsos lingüísticos, y al que el PSPV no quiere ahora asustar. Así que el apaño ha sido no desdecir a la consellera Bravo («No se puede exigir más de lo que ofrece Educación»), ni enmendar a Compromís, que prefería no aplicar ningún requisito por inacción que tener que presentarse antes los suyos como los perdedores en un tema de los que cuestan votos en su parroquia. Así que tablas, que en seis meses justos hay que votar, esto no se aplica hasta 2025 y para los médicos será siendo sólo un mérito.