Los seis personajes clave de toda la trama Azud

El letrado valenciano, excuñado de la alcaldesa Rita Barberá, está investigado por el cobro de comisiones a los principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia. La facturación del despacho de Corbín, en pleno centro de Valencia, se desplomó de golpe tras perder Barberá las elecciones de 2015. Los investigadores sospechan que las principales contratistas del Consistorio pagaban al letrado por mantener una posición privilegiada en los procesos de contratación. Toda la familia del letrado se ha visto salpicada por esta investigación.

El exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia en la época de Barberá. La mano derecha de la alcaldesa mantenía una relación de amistad con el abogado Corbín. Se le acusa de cobro de comisiones por favorecer determinados proyectos urbanísticos en los que la trama tenía intereses. Es el imputado que más tiempo ha pasado en la cárcel por este asunto: seis meses. Una de sus hijas también se encuentra investigada. Controlaban la empresa Edificios Familia 3000, con la que gestionaba dos inmuebles en la ciudad. Se investiga de qué forma se compraron esas propiedades.

Hombre fuerte del PSPV e ideólogo de la política urbanística de los socialistas en el Cap i Casal. Anticorrupción también le acusa de cobrar comisiones y además tratar de camuflarlas con el método del pitufeo, el ingreso periódico de pequeñas cantidades en el banco para no despertar sospechas. Idéntico procedimiento al que se investigó en su día al Partido Popular y que finalmente la Audiencia archivó.

Las investigaciones apuntan a que es el cabecilla de la trama, el corruptor de los políticos de diferente signo. Fue otro de los hombres detenidos en esta segunda fase policial de la operación Azud que también estuvo en prisión. Su agenda, al parecer, ha resultado clave para reconstruir toda la trama y sus principales objetivos. El promotor urbanístico ha tenido otros frentes judiciales abiertos, la mayoría por fraude fiscal, pero se han cerrado sin mayores consecuencias. En el último supuesto, aceptó seis meses de cárcel. La defensa de este investigado ha sido asumida por Manolo Mata, el síndic del PSPV. Una designación no exenta de polémica porque una de las vías de investigación es aclarar si el partido pudo beneficiarse de la trama de alguna forma.

Uno de los vínculos del empresario Febrer con el partido socialista. Vera, marido de la diputada socialista María Antonia Armengol, ejercía de asesor del promotor urbanístico. En esta última etapa figuraba como responsable jurídico de Divalterra, otra de las empresas lastradas por la corrupción con el caso Imelsa y el caso Alquería que han terminado con dos presidentes de la Diputación.

Un histórico del socialismo en la Comunitat y responsable de las finanzas de la organización. El domicilio de Cataluña fue uno de los casi 50 registros que se practicaron durante el desarrollo de la operación policial. Los investigadores le consideran un presunto «facilitador» de contactos al constructor.