Cuatro años para Crespo y Cuesta por la trama del IVA

Otra pieza más de la macrocausa de Emarsa, el expolio de la depuradora de Pinedo, resuelta con una condena. Cuatro años de cárcel para el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo y para el exgerente de la planta, Esteban Cuesta. Un año por cada delito fiscal en lo que se conoce como la trama del IVA, un fraude en paralelo al principal método de saqueo de la depuradora, que consistía en incrementar el precio de los tratamientos de lodos a través de empresas interpuestas. En esta pieza, en cambio, se enjuiciaba la aplicación de un IVA superior al que correspondía por Ley. El facturero de la trama, Jorge Ignacio Roca Samper, confesó en el juicio que la devolución de las cuotas era su comisión por participar en la trama. La sentencia le impone la misma pena que a los responsables políticos.

El fallo de Penal 6 de Valencia rechaza las cuestiones previas que en su día alegó la defensa del exvicepresidente para anular la causa como su indefensión en el procedimiento o que se trataban de hechos ya enjuiciados en la trama principal. El fallo, en cambio, sí les da la razón al aprecia rla existencia de unas dilaciones indebidas porque desde la formación de la pieza en 2012 hasta el juicio (2020) han pasado ocho años, pero este periodo no es considerado extraordinaria por la magistrada debido a la gran complejidad de la pieza principal.

La sentencia tiene, además, otra consecuencia negativa para los intereses de los valencianos. El fallo condena a la Emshi, una entidad formada por diferentes Ayuntamientos de la provincia de Valencia, como responsables civiles subsidiarios. Si no pagan los propios acusados, será esta entidad la que se haga cargo de la indemnización a Hacienda, el organismo perjudicado con el fraude. la Emshi es la heredera de Emarsa, que se benefició con cerca de 1,3 millones de IVA devuelto por la estrategia de los acusados. Estas cantidades fueron utilizadas por los responsables para obtener mayor financiación de los bancos, apunta la resolución.

La magistrada recuerda en la sentencia que el mecanismo defraudatorio empleado consistió en interponer entre Emarsa y varias mercantiles proveedoras del servicio de gestión de residuos «un nivel de facturación intermedio que permitía incrementar artificiosamente el precio facturado por dicha gestión, aplicándole a la base imponible un gravamen del 16% cuando a dicha actividad correspondía el 7%».

Esa facturación intermedia era realizada por tres empresas administradas por Jorge Ignacio Roca, Erwinin SL, Zonday Investments SL y Printergreen SL. Los otros dos acusados, gestores de la empresa pública, incluían esas facturas en las declaraciones mensuales y anuales de IVA, «con pleno conocimiento de que dicho proveedor no había prestado servicio alguno a Emarsa» y de que el servicio contemplado en esos documentos «estaba siendo prestado por otra empresa a la mitad de precio y con un tipo de gravamen inferior».

Todas las piezas de Emarsa se han cerrado con condena salvo la conocida como la de la lotería, en la que acusaba a Enrique Crespo de un delito de alzamiento de bienes por supuestamente esconder el cobro de un premio de lotería de Navidad entre sus padres y hermano. En total, cerca de diez millones de euros. Pero fue absuelto. La jueza consideró que sólo uno de esos décimos era suyo, mientras que sus padres y hermanos jugaban decenas de boletos del número premiado. Falta también el juicio contra Carlos Crespo, hermano del político popular, por fraude fiscal. La sentencia condenatoria de Valencia se anuló porque la competente para enjuiciar esos hechos cometidos en Andorra era de la Audiencia Nacional.