El pacto de Castellano con la Fiscalía en el 'cártel del fuego': de 21 años de prisión a dos y medio

El exconseller de la Generalitat y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano ha vivido un fin de semana de eterna duda. Su debate era aceptar un acuerdo de conformidad en el que se reconocería su actuación delictiva pero le permitía evitar la prisión o, por el contrario, 'pelear' su inocencia en el juicio del cártel del fuego con el riesgo, claro está, de un futuro privado de libertad. Finalmente se impuso la primera opción por la seguridad, pero también por todo lo que supone de cerrar una puerta, de comenzar una nueva etapa de su vida. Nueve años después de ser detenido, Castellano puede pasar página. O al menos intentarlo. La condena, no obstante, le cierra definitivamente un regreso a la política. Tampoco parece que fueran esas sus intenciones.

El borrador del pacto en el denominado caso del 'cártel del fuego', que debe ratificarse en el inicio de la vista este martes, incluye aceptar la comisión de todos los delitos por los que fue acusado. Así, el dirigente se declararía culpable de falsedad, cohecho, malversación y asociación ilícita, todos los ilícitos que acarreaban penas de prisión. La prevaricación, de la que también está acusado, sólo conlleva inhabilitación.

El castigo global para esos delitos se agrupa en dos penas y la suma de ambas se queda en unos dos años y medio de cárcel, según el principio de acuerdo al que ha llegado la defensa del exconseller y la Fiscalía. Estos castigos –al ser por separado inferiores a los dos años– permitirían la suspensión de su entrada en la penitenciaría, tal y como subrayan fuentes conocedoras de la negociación. Además, debería pagar una multa que se sitúa en la franja de los 10.000 euros, una cantidad asumible para el exdirigente político.

Los acuerdos, que se prevé que afecten a prácticamente la totalidad de los acusados, deberán ser ratificados en el comienzo de la vista que estaba previsto que comenzara este lunes en la Audiencia Nacional. La hora de inicio era las diez de la mañana, pero los últimos retoques a los escritos de conformidad demoraron el arranque de la sesión. De hecho, finalmente se acordó la suspensión porque todavía faltaban que algunos procesados rematen sus pactos con el ministerio público. En esta situación se encontrarían al menos cuatro o cinco acusados.

La investigación salpìcó al exdirector general de Interior, Pedro Hidalgo. El investigado falleció durante la tramitación del procedimiento. En el banquillo estará su hijo, pero únicamente a título lucrativo. La Fiscalía le acusa de hacer uso de un vehículo de alta gama que había sido regalado por la trama a su padre.

El exconseller, por su parte, está acusado de favorecer a un empresario (Vicente Huerta) en procesos de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. El pago de las multas, la mayor cuantía correspondería a Huerta, que se enfrenta a 33 años de cárcel.

El pacto parece irrechazable para el expolítico valenciano. La Fiscalía le reclamaba 21 años de prisión para quien fuese conseller entre 1999 y 2014, delegado del Gobierno en la Comunitat y dirigente del PP valenciano. Un peso pesado de la dirigencia del PP. La acusación pública sostiene que existen indicios de una presunta organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación.

La Fiscalía detalló que a cambio de ese trato privilegiado desde la Administración, el exconseller recibía una contraprestación. Así, el escrito de acusación concretó «cacerías, monterías, hospedajes, viajes, material cinegético (un rifle Browning) dinero en metálico y otros presentes (baúles con jamones 5J y similares)». Esto se hacía bien directamente por parte del empresario o bien a través de sociedades vinculadas con el dirigente.

Otro de los indicios incriminatorios eran los numerosos servicios de hostelería y restauración, prestados a partir de 2007. En este apartado se incluyen facturas en el parador nacional de Albacete, el Hotel Villagadea de Altea, el Hotel Beatriz de Albacete & Spa…, así como en cenas y comidas, servicios de catering y similares». En algún caso, según desveló el gerente de la entidad -profundamente enemistado con Huerta y que incluso llegó a ser condenado- pagos en efectivo, como cuando supuestamente Castellano exigió 5.000 euros para irse a cazar. En total, la Fiscalía suma 160.000 euros en regalos de distinta naturaleza.

La Generalitat valenciana también ejerce la acusación. Su propósito es recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Fuentes conocedoras del procedimiento explicaron que la empresa ya ha consignado cantidades a favor de la Administración. En concreto, cerca de dos millones de euros que se corresponden con tres facturas de dos expedientes de la conselleria de Gobernación. La trama se extiende a otras regiones y aunque en la Comunitat Valenciana fue donde se detectaron más irregularidades, el caso salpicó al Govern catalán e incluso a otros países. Según los cálculos de la investigación se pudieron arreglar contratos por un total de 151 millones de euros.

El empresario Vicente Huerta ya había pactado en otros procedimientos. Por ejemplo, la primera de las piezas del caso Avialsa, la que analizaba las gestiones para la construcción del aeródromo de Viver, se cerró con un acuerdo de conformidad y penas de multa para todos los acusados. En total, la sanción no llega a mil euros.

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