Los servicios internos del Consell vigilarán el uso de los fondos europeos y si el teletrabajo funciona

La IGS, encargada del estricto cumplimiento de la la legalidad y de la observancia de los principios generales de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia a los que se deben las administraciones, se ha marcado 40 objetivos para analizar el funcionamiento de determinados departamentos y programas hasta 2023. En concreto, para garantizar «la integridad y la eficacia» en la gestión de los fondos europeos, se aplicará un sistema de prevención de riesgos en todas las consellerias para evitar fraudes en la ejecución del dinero que llegue de Bruselas. Además, se comenzará a utilizar el sistema de alertas y el canal confidencial de denuncias, especialmente pertinente en estos días. Eso, en la parte más fiscalizadora. Pero, la IG se encargará también de evaluar actuaciones ya cerradas o en actual funcionamiento. En concreto, se centrará en evaluar los canales de comunicación y atención a la ciudadanía tras la pandemia de coronavirus, sobre todo a aquellos servicios que afecten a los colectivos más vulnerables y relacionados con el empleo, los servicios sociales o los sistemas de cita previa.

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En otro de los puntos se evaluará también el grado de implantación de los planes de control de subvenciones para comprobar la aplicación que ya emitió la propia inspección en 2020. También se pondrá la vista sobre el procedimiento de adjudicación para alquiler asequible del parque público de viviendas, o para diseñar e implantar el sistema y procedimiento de evaluación del desempeño de los funcionarios de la Generalitat. Es decir, controlar el trabajo de los empleados públicos, así como controlar el absentismo y la información estadística relevante que pueda servir para analizar el nivel de cumplimiento de los horarios y las ausencias a la hora de elaborar planes de actuación. En este sentido, la IGS analizará también la aplicación del teletrabajo, tanto durante la pandemia, como en las áreas que ya lo han puesto en funcionamiento, para permitir que los empleados públicos puedan prestar su servicio desde un espacio distinto a las oficinas de la Generalitat.

El plan de control de la Inspección lo completarán el control de planes de control disciplinario, las actuaciones de implantación de la administración electrónica, los procesos para obtener los títulos de familia numerosa o monoparental, o varios actuaciones en la prevención de irregularidades y malas prácticas administrativas. Para ello, una de las principales medidas será la implantación de reuniones periódicas de la comisión interdepartamental para la prevención de estas malas prácticas al menos dos veces al año.

«Se hace necesario, asimismo, implementar las actuaciones que garanticen que disponemos de las capacidades institucionales necesarias para acompañar el proceso de recuperación económica y social», dice el texto de Bravo que encabeza la planificación y asegura que el compromiso del Ejecutivo es, por un lado, seguir impulsando las mejores prácticas, previniendo y en su caso corrigiendo irregularidades y malas prácticas administrativas y, por otro, ayudar a los diferentes departamentos y órganos directivos, en el ámbito de la administración de la Generalitat y su sector público instrumental, a mejorar la gestión y calidad de los servicios que prestan. De ahí el énfasis en la mejora de la actuación administrativa y de supervisión de los proyectos para simplificarla, como son las declaraciones responsables o el seguimiento e impulso de actuaciones realizadas por la inspección de servicios en ámbitos como la administración electrónica, la gestión de las subvenciones o la eficacia y eficiencia en los procesos que materializan una actividad crítica como es la de contratación de bienes y servicios, por no hablar del objetivo de contar con un capital humano que además de competente y eficaz, sea íntegro, y que justifica el impulso de proyectos como la evaluación del desempeño, la efectividad organizativa del teletrabajo o el seguimiento del absentismo, dice el texto de la consellera.