Las siete causas judiciales que marcarán el curso político valenciano

Los últimos años del expresidente Francisco Camps han estado salpicados por un rosario de asuntos judiciales que, no obstante, han terminado en archivo o absolución. Desde los famosos trajes a las derivadas de la Fórmula 1, pasando por el caso Nóos o la visita del Papa. La exoneración judicial no ha evitado un terrible daño a su imagen pública pese a que los resultados le permiten sostener la tesis de la persecución judicial. En septiembre se retoma el juicio por la última pieza de Gürtel con sabor valenciano, diferentes adjudicaciones de la Generalitat al entramado capitaneado por Francisco Correa. La Fiscalía sostiene que el expresidente ordenó a sus subordinados la contratación de la red para beneficiar a Álvaro Pérez, 'el Bigotes', cuyo grupo se ocupaba, además, de los actos electorales del PP. Este sumario se reabrió tras la confesión de Ricardo Costa, exsecretario del PP valenciano y hombre de confianza durante años de Camps. El exdirigente popular, que mantiene su intención de regresar a la primera línea de la política valenciana, se enfrenta a dos años y medio de cárcel.

La investigación de Anticorrupción sobre la supuesta fortuna oculta de Eduardo Zaplana resulta el juicio más 'atractivo' del año. Arrancará en enero siempre que no se produzcan más sorpresas como fue la recusación de uno de los magistrados. El también exministro de Trabajo se sentará en el banquillo junto al expresidente José Luis Olivas, que acumula ya otra condena por falsificar facturas. A Zaplana le acompañará toda una serie de colaboradores, personajes secundarios, que ayudaron a la presunta repatriación del dinero. El principal acusado siempre ha negado las acusaciones. «No tengo ni he tenido dinero en el extranjero».

La acusación pública mantiene, en cambio, que operaba a través de testaferros. El expresidente, que acaba de ser intervenido por un problema cardiaco, afronta una petición de 19 años de cárcel. No se descarta que alguno de los acusados llegue a un pacto con el fiscal en el que reconozca los hechos a cambio de una rebaja de la pena. Una situación que inquieta al resto de procesados porque puede debilitar su estrategia de defensa.

La exvicepresidenta Mónica Oltra tiene su vida hipotecada a la espera de que su futuro judicial quede despejado. La imputación por un supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos sexuales contra su exmarido Luis Ramírez Icardi, sustentada por las sospechas acerca de ciertas negligencias en su departamento, la obligó a abandonar el Consell hace más de un año. Lo hizo en contra de su voluntad: siempre defendió su inocencia y achacó la denuncia a una conspiración de la extrema derecha, mientras obviaba los indicios que la Fiscalía y los jueces sí apreciaban. Dos piezas secretas han frenado la velocidad de las diligencias. El juzgado sigue a la espera del resultado del dosier policial sobre los correos que se cruzaron entre los principales investigados en los momentos cruciales del caso. El tiempo no juega a favor de Oltra que, de momento, sigue sin ocupación conocida. Existe otra derivada que ha de conocerse también en el nuevo curso. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la condena de cinco años de cárcel a su ex se antoja cuestión de meses. De hecho, ya acumula un notable retraso. Un fallo que puede llevar a la repetición del juicio. Eso sería la última sorpresa en un asunto que ha marcado la última legislatura y que explica, en parte, la pérdida de apoyos de Compromís y el fin del Botánico.

Las pesquisas en torno a las irregularidades para la obtención de ayudas públicas para el fomento del valenciano continúan en Instrucción 4 de Valencia. Un error del juzgado llevó a la Audiencia a anular la última prórroga del caso, lo que impide la práctica de nuevas diligencias. Así, sólo se está a la espera de lo que se acordó con anterioridad a esa resolución. Por ejemplo, el último informe de la Intervención presenta algunas irregularidades a la hora de incluir gastos no justificables, pero su importe no llega a los 120.000 euros anuales, cantidad que marca la frontera entre un delito y una sanción administrativa. El juez aún ha de recibir otros informes, como el de la Guardia Civil. El que fuera director general de Política Lingüística Rubén Trenzano ya ha sido exonerado de cualquier responsabilidad. El PP ejerce la acusación popular.

Será otro de los platos fuertes del año judicial. La vista arranca el próximo mes de enero y coincidirá con el inicio del juicio a Zaplana. Un indigesto cóctel para los populares. Y más porque este proceso afecta a una etapa especialmente delicada del partido: las luces y sombras de Rita Barberá. Mientras los populares no han dudado en dignificar su legado –tras verse obligada a marcharse por la presión del PP–, este procedimiento cuestiona la financiación de sus campañas electorales en 2007 y 2011, periodos de sus incontestables mayorías absolutas.

Se trata de la única parte de la causa que se salvó del archivo masivo del pitufeo, el supuesto blanqueo de 50.000 euros de los populares en los comicios de 2015. Los principales acusados son el exvicealcalde Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, la mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia. Fuster está representada por el letrado José María Corbin, investigado a su vez en otra de las piezas de Azud, como supuesto comisionista del Consistorio. Un dolor de cabeza para María José Catalá a los seis meses de llegar a la Alcaldía.

Una característica del Azud marca la singularidad de este expediente: la trama de corrupción afecta por igual a cargos del PP y del PSOE. Y, además, cuestiona la financiación de los socialistas durante el mismo periodo (2006-2007) que ellos, ya con el Gobierno del Botánico, han afeado al PP. El macrosumario avanza de manera dispar. Seis piezas permanecen todavía bajo secreto. Los nombres propios del sumario se resumen básicamente en cuatro personajes. Rafa Rubio, el que fuera subdelegado del Gobierno y Pepe Cataluña, el histórico tesorero del PSPV. En el bando popular, destaca el vicealcalde Alfonso Grau, acusado de cobrar cerca de un millón de euros en comisiones y José María Corbín, cuñado de Barberá y que la investigación ha revelado como conseguidor y comisionista de contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Las diligencias abarcan diferentes vértices, pero el principal es el cobro de mordidas por favores urbanísticos al empresario Jaime Febrer.

La angustia de Alfonso Rus, exvicepresidente de la Diputación de Valencia, se mide en dobles dígitos. No está sólo a la espera de una sentencia que marcará su vida sino de dos. La Audiencia todavía no ha resuelto su supuesta participación en dos de las piezas de la macrocausa de Imelsa. Por un lado, la contratación de los famosos 'zombies', personas que cobraban un sueldo de una empresa pública sin tener que trabajar. Y, por otro, también sigue pendiente el fallo sobre el famoso call center, el supuesto amaño del centro de atención telefónica de la Diputación de Valencia. Exonerado ya de otros asuntos, los sobrecostes de Ciegsa, y con otras piezas al borde del archivo, como la investigación de una supuesta fortuna en el extranjero, la posibilidad de dos absoluciones marcarían, sin duda, el devenir de Rus.