El Síndic alerta del descontrol de la Generalitat en la atención a los menores en riesgo

Uno de los grandes problemas de la Administración reside en el tratamiento a los menores en situación de riesgo. No es la primera vez que el Síndic de Greuges denuncia la falta de atención sobre este colectivo, especialmente vulnerable no sólo por su edad sino porque carecen de cualquier colchón familiar.

Ahora, el organismo incide de nuevo en el descontrol sobre estos menores, en la ausencia de un protocolo para la actuación conjunta de los servicios sociales y en la falta de información de la Conselleria de Igualdad.

La institución acaba de terminar un dosier abierto en junio de 2022 a raíz de una queja de un particular. Es el periodo, por tanto, del Botánico. La Conselleria de Igualdad fue dirigida por Mónica Oltra y, en el último año, por su sucesora Aitana Mas.

Las conclusiones del informe evidencian la desatención que padecen estos niños y adolescentes. Por ejemplo, «no existe un protocolo de actuación común ni consenso o coordinación técnica sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de menores en riesgo, por lo que a día de hoy el trabajo de los servicios sociales municipales es poco homogéneo y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de situación de riesgo».

Es decir, que cada profesional actúa según su criterio ante la ausencia «de políticas integrales de prevención y atención a situaciones de riesgo». Esto puede derivar en resoluciones diferentes para un caso idéntico.

Pero, además, el departamento autonómico no dispone de todos los datos de menores atendidos en la Comunitat. Carece de una radiografía completa porque no tiene acceso a las estadísticas de los servicios municipales. También se desconoce «el grado de eficacia de dichas intervenciones y si hay necesidades que no están cubiertas en las entidades locales y que impiden mejorar su eficacia».

El Síndic considera que la Conselleria no puede eludir la responsabilidad de obtener los datos necesarios para avanzar en el diseño unificado de acciones para prevenir y atender a los menores que puedan encontrarse en situación de riesgo, argumentando que la competencia en esta intervención corresponde a las entidades locales.

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