La Sindicatura alerta de que la empresa de videojuegos del Consell escapará a todos los controles

La Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) ha recibido por adelantado su regalo de reyes por parte de la Sindicatura de Comptes. Y a la empresa pública que gestiona los grandes eventos de la Generalitat este año le ha tocado carbón. El informe del órgano auditor pone patas arriba toda la política de contratación de la sociedad que dirige el socialista Antonio Rodes, y que depende de la Conselleria de Hacienda. Entre los expedientes examinados por la Sindicatura para su informe de fiscalización del ejercicio anterior correspondiente a 2018, el órgano auditor detecta «incumplimientos significativos» de la legalidad en materia de contratación. Por un lado, no se detalla la forma en que se valoran los criterios a la hora de adjudicar, ni los informes de evaluación están debidamente motivados, incluso algunos contratos se adjudican sistemáticamente a empresas que ya estaban prestando el servicio antes de que se acabaran los anteriores.

En un análisis más detallado de algunos de los contratos, destaca especialmente el número de reparos que la Sindicatura pone a la selección que la empresa hizo de la empresa que se convertirá en el socio tecnológico de la Generalitat para la puesta en marcha del centro de videojuegos en el Distrito Digital de Alicante. En concreto, la SPTCV sacó un contrato para buscar un socio privado con el que constituir una sociedad mixta (aún no conformada a día de hoy). El socio (la firma GGTech) pasaría a tener un 55% de la participación y que aportó simplemente derechos de explotación por valor de 750.000 euros para ser el gestor del proyecto. La aportación no es económica, ya que esta parte le correspondía a la Generalitat con 580.000 euros. De hecho, según ha venido contando este diario, el socio presentó como aval los derechos de varias competiciones de otra compañía que desde hace semanas ya ha anunciado que no puede hacer frente a pagos de algunas de las competiciones que ha realizado durante este ejercicio.

La Intervención ya vio en su día graves deficiencias en su informe de auditoría, pero ahora la Sindicatura las amplía. En concreto, el órgano fiscalizador considera que la selección del socio debió tramitarse aplicando la ley de contratos del sector público y no con un contrato de carácter patrimonial, por lo que con esa situación, la SPTCV incumplió el principio de eficiente utilización de los fondos en la contratación pública.

Pero la cosa no queda ahí, la Sindicatura alerta de que la sociedad mixta que se iba a conformar (y que espera que el Consell le dé luz verde) escapaba a todos los controles públicos con su creación, ya que el socio privado pasaba a ser el accionista mayoritario de la sociedad y la firma no tendría forma de sociedad mercantil, por lo que quedaría fuera del sector público de la Generalitat. Con eso, quedaría fuera del control interno y externo que supone la ley del sector público, aunque sí se beneficiaría tanto de los fondos públicos que aportaba la Generalitat, como de las ayudas públicas que recibe la SPTCV, socio minoritario. Además, la Sindicatura considera que la nueva empresa de videojuegos se beneficiará de una suerte de ayudas de Estado porque no actuará en condiciones de igualdad en el mercado, ya que se beneficiará directa o indirectamente del programa de ayudas para el establecimiento de empresas en el centro de 'gaming'.

La idoneidad del socio ha sido cuestionada desde el principio por todos los auditores y por el propio sector de videojuegos. La Sindicatura lo confirma en su informe, ya que reconoce que la adjudicataria no demostró ser propietaria de los derechos del master que ofreció como aval, por lo que ese elemento de valoración «nunca debió valorarse». Tampoco la solvencia económica necesaria, requisito que nunca reunió la empresa, según detalla el Síndic de Comptes en su informe. De hecho, se sirvió de «una declaración jurada del administrador de otra sociedad en la que se manifiesta que la licitadora cuenta con toda su solvencia económica, financiera, técnica y profesional». Sin embargo, «dicha resolución ni debió admitirse, ni es adecuada» para justificar la solvencia. Es decir, desmonta las condiciones del socio privado. La Sindicatura afea también que GGTech sólo hizo aportación «en especie» porque el contrato que adjudicó el director general de la SPTCV, Antonio Rodes, sólo contemplaba la cesión de derechos de explotación del máster en videojuegos y entornos de realidad virtual.

La Sindicatura pone también reparos en los contratos de organización y desarrollo de la presentación del Distrito Digital, en las campañas de publicidad institucional del Distrito Digital, del arrendamiento de la planta baja de la Estación Marítima de Cruceros del Puerto de Alicante, o de los incentivos que se dieron a las empresas que se instalaron en el Distrito Digital, también cuestionadas por la Intervención, como ya informó este diario.