La Sindicatura pone la lupa sobre los pagos del Consell al empresario chino

«No se nos ha aportado documento alguno en el que conste la justificación, motivación y autorización de estas transferencias por los órganos competentes de SPTCV ni de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Tampoco consta una justificación razonada del encaje de estas operaciones en el objeto social de SPTCV que figura en sus estatutos sociales, ni de las razones por las que los pagos no los haya realizado la propia Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que es la competente para la compra de material sanitario», lamenta la Sindicatura en su informe. De hecho, la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2020 no contiene información sobre estas importantes transacciones, lo que el organismo considera «una omisión significativa».

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m. hortelano

En su día, fuentes del Consell justificaron en el «contexto de crisis sanitaria y la carencia de material en los mercados internacionales» por lo que se necesitaba disponer de material con urgencia. Por ello, se eligió la SPTCV porque «podía hacer la operación con la rapidez que la emergencia sanitaria requería». Las mismas fuentes alegan que en el momento en que se traspasó dinero a la propia Generalitat para hacer las compras, no se había aprobado el real decreto que permitía pagar por adelantado los contratos. «Gracias a eso los sanitarios pudieron trabajar protegidos y la Comunitat fue la primera en contar con material sanitario».Y es que esos primeros contratos se hicieron con un adelanto de 2 millones de euros de una empresa pública que nada tenía que ver con la sanidad.

La auditoría de las cuentas anuales expresa una opinión con nueve salvedades, entre ellas las transferencias. Pero también con el contrato de la regata transoceánica The Ocean Race, ediciones 14ª y 15ª. Y es que la SPTCV cordó un precio de 13.500.000 euros más una garantía de 7.000.000 de euros, pero la Sindicatura considera que existe insuficiente información en la memoria y que, además, no se ha contabilizado el contrato por su importe total.

También ha puesto reparos sobre el contrato del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz (CDL) en concepto de bienes por 71.001.248 euros clasificados como «Inversiones inmobiliarias». Para el organismo fiscalizador, existe insuficiente información en la memoria, por lo que no pueden opinar sobre su correcta clasificación contable.