La Sindicatura también saca tarjeta a la política de subvenciones del Botánico

La Sindicatura de Comptes ha hecho público este martes una auditoría de legalidad de las subvenciones y ayudas de la Administración de la Generalitat en el ejercicio 2022, el último gestionado de forma integra por el Botánico. Y las conclusiones no pueden ser más significativas.

En su informe, el órgano que dirige Vicent Cucarella señala que el contenido de los planes estratégicos de subvenciones de las consellerias «es insuficiente para realizar una evaluación adecuada de la actividad de fomento llevada a cabo por la Administración, ya que no concretan el marco lógico de la intervención y el sistema de seguimiento está basado en indicadores de carácter presupuestario o administrativo». Es decir, ni se detalla la problemática sobre la que se pretende intervenir ni existen indicadores a posteriori para conocer la efectividad de esas ayudas.

Además, la Sindicatura revela que cinco líneas de ayuda que no estaban inicialmente previstas en los presupuestos de 2022, «no se incluyeron en el plan estratégico de subvenciones de la conselleria correspondiente ni en modificaciones posteriores».

Por otro lado, se señala, los órganos que conceden de las ayudas «no han publicado en el DOGV el convenio o resolución de concesión (que tiene el carácter de bases reguladoras) de 12 subvenciones nominativas». Esos órganos tampoco han aprobado los planes de control correspondientes de 16 líneas en las que se debía de concretar «la comprobación material de la efectiva realización de la actividad, existencia de la condición o cumplimiento de la finalidad».

Respecto a las subvenciones nominativas, que son aquellas que se otorgan directamente y no están sujetas a un procedimiento abierto de concurrencia, la Sindicatura recomienda que la conselleria de Hacienda incorpore en las norma para la elaboración del presupuesto de la Generalitat la necesidad de «motivar de manera objetiva, razonable y proporcionada las razones que justifiquen la concesión de las subvenciones nominativas y de concretar el proyecto que es objeto de financiación pública».

El órgano fiscalizador también propone que, para homogeneizar los procesos administrativos entre las diferentes consellerias, el Consell dicte disposiciones reglamentarias en relación con aspectos esenciales de la gestión de las subvenciones, como la publicidad de los convenios o resolución de subvenciones nominativas, el régimen de seguimiento y evaluación de los planes estratégicos, el contenido y la evaluación de los planes de control para la comprobación material de la efectiva realización de la actividad, existencia de la condición o cumplimiento de la finalidad.

En el presupuesto de 2022, la suma de los capítulos IV y VII –transferencias corrientes y transferencias de capital, respectivamente– superó los 7.600 millones de euros, que con las posteriores modificaciones de crédito alcanzaron los 8.300 millones. El nivel de ejecución fue razonablemente alto, del 89,7% –7.471 millones–. De esa cifra, el 71,6% se abonó durante ese mismo ejercicio.

La Sindicatura no pierde la oportunidad en su informe de reseñar que una modificación legal introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos correspondiente al ejercicio de 2023 –aprobada a finales de 2022 por la mayoría del Botánico– introdujo una modificación legal «con lo que desaparece de la norma la obligación de realizar un plan anual de control financiero de subvenciones».

El informe de la Sindicatura analiza los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES) de las distintas consellerias. Y aunque constata que todos los departamentos cuentan con uno, reprocha que todos ellos se aprobaron ya durante el ejercicio en curso, en lugar de hacerlo de forma paralela a la aprobación del presupuesto.

Una de las subvenciones sobre las que la Sindicatura pone el foco es la realizada por Presidencia de la Generalitat a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Y alerta de que la FVMP se constituye como una agrupación de municipios y no como una administración pública como tal. «El tratamiento de facto ha sido el de una subvención nominativa», se señala, pese a que no ha sido hasta 2023 cuando se ha reconocido como tal.

El órgano que dirige Vicent Cucarella constata algunas discrepancias entre las cifras que figuran en la memoria económica y los importes presupuestados en el convenio. «Dado que en la memoria económica no se cuantifica el coste real de cada actividad y que tampoco figura la relación de otros ingresos o subvenciones que financien estas actividades, no es posible comprobar que el importe de la subvención supere o no el coste de las actividades. La Sindicatura también alerta de que se ha podido producir una gestión inadecuada de los fondos públicos por los pagos realizados a un abogado.