El IVF sólo dejará teletrabajar a quienes vivan lejos, atiendan a dependientes o sufran acoso

El documento establece los supuestos en los que el personal podrá acogerse a la opción de teletrabajo entre los que se incluyen las emergencias de salud pública; una distancia superior a 100 kilómetros desde la residencia habitual hasta el centro de trabajo; situaciones de acoso laboral o violencia de género y la atención a menores o dependientes que precisen un cuidado específico y continuado. El plan también contempla que el Comité de Seguridad y Salud podrá proponer a los órganos de gobierno del IVF la ampliación de los supuestos de trabajo a distancia.

Por otra parte, se establece que el personal del IVF podrá prestar servicios en régimen de teletrabajo como mínimo un día a la semana y como máximo tres, siendo siempre requisito indispensable que al menos dos días semanales se acuda a la oficina, como ya rige en le decreto de teletrabajo de la Generalitat. La persona interesada en solicitar la prestación de sus servicios en la modalidad de teletrabajo bajo los parámetros indicados en este plan, deberán presentar ante el departamento de recursos humanos del IVF una solicitud formal siguiendo el modelo facilitado desde la entidad y con al menos 20 días de antelación.

Esta solicitud será valorada por el Comité de Seguridad y Salud del IVF, quien emitirá una opinión en un plazo de 5 días, que será trasladada posteriormente al director general del IVF que será quien emita una resolución final, tras lo que se suscribirá un acuerdo entre el IVF y la persona interesada. El acuerdo tendrá una duración mínima de un mes y máxima de tres meses, pudiendo ser prorrogado por otros tres meses adicionales a petición de la persona interesada, siempre con el visto bueno de la dirección del IVF.

Las restricciones del IVF contrastan con el plan de teletrabajo presentado también esta semana por la Conselleria de Economía o la de Transparencia. En concreto, el departamento que dirige Rafael Climent, (a la espera de la autorización de Función Pública y de Hacienda, propone que toda la plantilla que no preste servicios de cara al público o tenga puestos clasificados como no aptos, pueda acogerse al trabajo en remoto durante un plazo de hasta un año, prorrogable a otro. Una situación que abriría la puerta a que hasta 400 funcionarios teletrabajaran un máximo de tres días a la semana. Sindicatos como CSIF o UGT también han urgido ya a la Generalitat a que implante cuanto antes sus planes.