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Francis Puig, junto a su abogado, en la entrada a la Ciudad de la Justicia. iván arlandis

El PP alerta de que el Consell se arriesga a una causa penal en el caso Francis Puig

Ortiz sostiene que la inacción para recuperar el dinero del hermano del expresidente repercutirá en el patrimonio de cargos del gobierno valenciano

A. G. R.

Valencia

Miércoles, 9 de noviembre 2022, 16:01

La diputada popular Eva Ortiz ha arremetido de nuevo contra el supuesto entramado que favorecía a las empresas de Francis Puig, hermano del ... presidente de la Generalitat, y sus socios en el conocido como cartel de las productoras.

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Ortiz, desde el atril de Les Corts, ha completado este miércoles un resumen superficial de la causa que se sigue en Instrucción 4 de Valencia con Francis Puig como principal investigado. La dirigente ha subrayado que todo el conglomerado de empresas han usado sin «empacho ni control» seis consellerias y cuatro organismos de la Generalitat. «Se han conseguido llevar dos millones de euros de los valencianos entre subvenciones y contratos», ha precisado.

Desde el PP han reclamado a la Generalitat que actúe para recuperar ese dinero por la vía administrativa y, por otra parte, que la Abogacía de la Generalitat se persone en la causa judicial. De hecho, sostienen que mantener su inacción en estos ámbitos puede tener consecuencias. «Los responsables del Consell responderán con su patrimonio personal del dinero que no pueda recuperarse por su actuación, o mejor dicho por no haber puesto en marcha ninguna acción encaminada a recuperar los defraudado a todos los valencianos».

Ortiz ha recordado que Puig reconoció en sede judicial que presentó las mismas facturas para obtener subvenciones en proyectos de Cataluña y Valencia. De igual modo, indicó que era Jorge Puig, el otro hermano, el encargado de tramitarlas. Mas Mut -una de las compañías cuestionadas por la investigación- dijo tener la sede en la Comunitat, pero su demarcación real estaba en Aragón. «Y esto nunca se puede hacer».

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Pese a estas supuestas irregularidades «nos encontramos que nunca le han reclamado ningún reintegro de subvenciones, ni se persona la Abogacía, pero vemos como a su socio, con las mismas prácticas si le han solicitado siete reintegros desde la Conselleria de Educación».

Se refería a Adell Bover, uno de sus socios de cabecera y que reconoció ante el juez el inicio de procesos de reintegro por parte de la Administración. En este sentido, se preguntó «por qué unos sí y otros no, por qué a los Puig no se les aplica la misma vara de medir y se les exige que devuelvan lo defraudado».

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En el turno de réplicas hubo cierta confusión. Ferrán Martínez, de Podemos, no respondió por una «confusión» en los puntos. Sí intervinieron, no obstante, otros responsables de Compromís y PSPV para ofrecer una réplica. Coincidieron en rechazar la personación de la Generalitat y además criticaron la legitimidad del PP para reclamar esta medida tras los numerosos casos de corrupción que dejó su formación.

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