El suegro de Benavent insiste en cuestionar los audios: «La UCO y la Fiscalía me dijeron que me olvidara del disco duro»

Este martes era el día de la declaración del expresidente de la Diputación de Valencia. Se enfrenta a ocho años de cárcel, a los que hay que sumar los doce que le reclamaban en el juicio de los zombies. Asunto que está pendiente de sentencia. Pero nada parece alterar su rutina. «Estoy tranquilo, me sabe mal por mi familia», se ha sincerado a la entrada a la Ciudad de la Justicia.

El exdirigente llevaba su tradicional maletín de piel marrón, una libreta azul y el móvil, que dejó sobre el escritorio para empezar su declaración. Siguió el guión de lo previsible. Anunció que sólo contestaría a su letrado y al tribunal. Una línea que presumiblemente seguirán todos los procesados de esta pieza.

Explicó en que consistía una encomienda de gestión para el call center. La Diputación cobraba entonces los recibos de varios Ayuntamientos. Esto se hacía regularmente. «Surgió una sociedad, el COR, los Ayuntamientos tenían pendientes 180.000 recibos de cobro. Pero entonces salió una orden que ni el Ayuntamiento ni la Diputación podían contratar. A partir de ahí, nos dijeron que no se podía contratar». El expresidente ha insistido en que él no estaba allí para controlar el personal.

La solución que le dio el interventor y el diputado José Manuel Haro, según ha explicado, fue la organización del call center. Tenían que explicar a los vecinos por qué se les estaba cobrando un nuevo impuesto. «A favor de la encomienda votó el PSPV, Compromís y el PP», ha recordado. La única en contra fue Rosa Pérez Garijo. «Yo nunca he hablado con nadie del concurso. No era mi misión».

Salvador Deusa, funcionario de la Diputación, fue trasladado a Imelsa porque no se podía contratar, ha insistido. «Me dijeron que era un funcionario excelente». Este cambio se produjo por petición de Marcos Benavent, que les trasladó que necesitaba a alguien en la sociedad.

El letrado ha sacado otro de los temas controvertidos, la participación del suegro, Mariano López. «Un día se me acercó y me dijo que su hijo estaba trabajando en el call center y que no le pagaban». Pero el exdirigente ha señalado que ignoraba que tuviera cualquier relación con Servimun, la empresa adjudicataria del servicio. «Todo esto viene por la relación de Benavent y su suegro», ha aventurado.

La responsable de Recursos Humanos, María Escrihuela, sí le comentó que había llamadas sin atender. «Hablamos con el diputado y nos dijo que era normal. Al ser el primer año, había muchas llamadas y colapsaba el servicio». El exdirigente ha negado haber recibido una carta de Mariano López que se halló en el registro del despacho del primer letrado de Benavent. «La habría escrito él», dijo en referencia a la defensa de su compañero de partido.

Mariano López Sancho, el exsuegro de Marcos Benavent, ha sido el segundo compareciente de la jornada. De igual modo que Rus, se ha protegido del interrogatorio del fiscal. Sólo ha contestado a su defensa. Durante meses se ha especulado con una posible conformidad de este acusado, el que fuera presidente de los empresarios de La Costera. La posibilidad, evidentemente, ya ha quedado descartada. De hecho, trata de desmontar toda la causa.

López ha explicado que su relación con Rus era «cordial», «institucional» y que nunca recibió ayudas municipales para sus empresas. El acusado ha reconocido que trabajó para Servimun, la empresa de Fernando Palomares, un acusado al que se le ha archivado el procedimiento por su estado de salud. «Lo conocía de muchos años antes del call center».

«Jamás» intervine en la adjudicación del contrato. «Cobré de Servimun unas cuantías a cambio de unas prestaciones, no por el contrato», ha dicho tajante. «Me llamó por teléfono y me dijo que había sido adjudicatario de un concurso de la Diputación», ha señalado en referencia a Palomares.

«Me dijo que yo quería que le gestionara el día a día del call center. Él no conocía a nadie en Valencia ni el tejido empresarial. Establecimos un precio y me pareció bien. Luego vi que era poco porque me ocupaba de todo», ha precisado. Todo lo hizo a través de una mercantil, Técnicas Legales Administrativas, que estaba a nombre de su cuñada. En todos los acuerdos de este tipo cobraba por un concepto como «apertura de contrato», una especie de «provisión de fondos». Anticorrupción mantiene que se llevó cerca de 200.000 euros de comisión por lograr con sus contactos la adjudicación del servicio.

El familiar de Benavent ha justificado reuniones con cargos políticos, entre ellos Rosa Pérez y el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, para la transición del final del call center.

Otro asunto complicado, y vital en la causa, ha sido la relación con Marcos Benavent y la supuesta manipulación de los famosos audios. El caso arranca cuando López descubre o recopila las grabaciones que durante años había realizado el exgerente de Imelsa para protegerse de un eventual futuro con problemas judiciales. «Mi conocimiento de informática es a nivel usuario», ha precisado. Estas grabaciones se las entregó posteriormente a Rosa Pérez, entonces diputada y hoy consellera de Transparencia. Ambos estuvieron en numerosas ocasiones en la Fiscalía. «Ella hizo una copia de lo que yo tenía para ver si era delictivo».

El origen de las grabaciones siempre ha sido confuso, tal y como ya detalló el suegro en otra pieza en la que declaraba como testigo. «Mi hija se separa a finales de 2009. En su casa había un disco duro. Este empieza a fallar y decido salvar los archivos. No los escuché todos». El dispositivo externo, según reconoció, era de Benavent. El ordenador al que lo conectó, en cambio, era del suegro. «No le pedí permiso para acceder», ha admitido.

El disco duro nunca se aportó a la UCO ni a la Fiscalía «pese a que lo puse en conocimiento». Pero le dijeron, según él, «que me olvidara del disco». Este dispositivo posteriormente fue destruido por el propio López. «Le contaba cosas a Pérez Garijo y no se lo creía. Por eso le llevé los audios. Y es entonces cuando su asesor hace el volcado para ver si es delito y luego trasladarlo al fiscal».

El familiar ha admitido que lo hizo para hacer daño a Benavent. «Esto es una venganza de Benavent», ha comentado en referencia a la apertura de esta causa, la única que no parte de los audios y cuyo origen es exclusivamente las declaraciones del exgerente. Ha negado cualquier contacto con responsables políticos para tratar asuntos del call center.

La defensa de Rus ha intervenido para pedir un plazo de 24 horas para presentar un escrito por las aparentes contradicciones de la declaración de Mariano López este martes como imputado y la que ofreció en su día como testigo en otra sección. La Sala lo ha rechazado porque esta posibilidad está sólo prevista para declaraciones como investigados.