El Supremo entierra la última ofensiva de Compromís contra RTVV

Al exdirectivo se le acusaba de delitos de prevaricación, malversación, falsedad y administración desleal en relación a unos contratos con una productora. En el origen de la investigación, no obstante, se planteaba una enmienda a la totalidad de la gestión de Canal 9 durante la etapa 2009-2012.

El fallo del alto tribunal supone el carpetazo definitivo a la última ofensiva judicial de Compromís contra la política del PP, en este caso, ejemplificada en la gestión de RTVV. La sentencia, además, impone las costas a los recurrentes. Sin duda, las de la GVA ascenderán a decenas de miles de euros que saldrán del erario.

El fallo no resta un ápice de gravedad en un caso donde se han concitado intereses de todo tipo. Conviene remontarse el inicio de este fenomenal enredo que ha mantenido una década bajo sospecha al exdirector general del ente, el periodista José López Jaraba.

Compromís, la coalición que lideraba Mónica Oltra, afrontaba 2012, lejos todavía de pensar en unas cuotas de poder como las que iban a conseguir tres años más tarde. En aquel un momento en el que resultaba rentable elevar la temperatura política denuncian un desfalco de cientos de millones de euros en RTVV. Era ya el colmo a ojos de la oposición, una entidad más que había caído en las garras de la corrupción del PP.

La Fiscalía de Valencia abrió diligencias de investigación penal que finalmente, tras apreciarse indicios delictivos, terminaron en un juzgado de Paterna. Al frente de aquellas pesquisas prejudiciales estaba, como en la mayoría de asuntos de interés mediático de esa convulsa etapa, el fiscal Vicente Torres.

Torres fue delegado de Anticorrupción y ha terminado como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia a propuesta del Botánico. Por el juzgado de Paterna fueron desfilando uno a uno conocidos rostros de RTVV como Luis Motes, la que fuera portavoz del Consell Lola Johnson, la directora de comunicación de Camps, Nuria Romeral... Y también Jaraba. Las acusaciones fueron cayendo paulatinamente hasta que sólo quedaron sospechas sobre el director general y en algunos aspectos muy concretos.

La Fiscalía, una vez completada la marcha de Torres al TSJ, no apreció indicios de delito en la actuación de Jaraba. La causa fue asumida por otro compañero que reclamó la absolución del directivo. Pese a todo se terminó celebrando el juicio con las acusaciones de la Generalitat y del citado sindicato. En este punto, una vez la Fiscalía desistió, Compromís también se bajó del carro de las acusaciones.

Todavía hubo otro momento de cierta perplejidad en este asunto. Tras la absolución, la Generalitat comunicó que no se recurriría el fallo. LAS PROVINCIAS publicó esa información. Días más tarde, sin embargo, el criterio cambió. Los abogados de la Generalitat emiten en este tipo de casos un informe con su parecer jurídico y las posibilidades de éxito en caso de mantener la acción penal. El contenido no es vinculante. Finalmente es el responsable político, el de la conselleria que tenga asumidas las competencias en ese momento, el que tiene la última palabra.

La Audiencia de Valencia no consideró acreditado ningún tipo de acuerdo entre el acusado y el legal representante de la productora, que era José Luis Moreno, para beneficiar a la mercantil, ni tampoco que firmara el contrato para perjudicar a RTVV ni que los derechos de emisión de los capítulos contratados estuvieran sobrevalorados.

El Supremo considera que el tribunal valenciano ha ofrecido una fundada respuesta a la pretensión condenatoria formulada por la acusación, «aunque contraria a sus intereses», sin que se advierta una errónea valoración de las pruebas.