El Supremo condena a Antifraude a entregar al PP los expedientes sobre Francis Puig

El PP dio a conocer ayer que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Agencia Antifraude por el cual pretendía no entregar la documentación solicitada vinculada a una investigación llevada a cabo por el organismo que dirige Joan Llinares en relación a las subvenciones al valenciano recibidas por las empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat. La sentencia obliga, además, a la agencia a pagar las costas procesales del recurso, «en la cuantía de 2.000 euros por todos los conceptos».

La diputada y secretaria de Organización del PP, Eva Ortiz, indicó ayer en Les Corts que «en la Agencia Antifraude hay cinco solicitudes de documentación (presentadas por su partido). Una la ya citada sobre las ayudas al valenciano a las empresas del hermano de Puig en las que Antifraude ha sido condenada. Tenemos que ir a los tribunales para que haya transparencia. Otras dos solicitudes sobre subvenciones al mundo rural que tienen que ver con las empresas de Puig. También nos han denegado el acceso a esa documentación. La cuarta es sobre gestión residencias de mayores durante la pandemia y una quinta todavía en plazo sobre el funcionamiento de la policía local en un municipio de la Comunitat». Ante la resolución del Alto Tribunal no cabe recurso alguno. Ortiz señala que ellos son comprensivos con la necesidad de preservar figuras como la del denunciante de esas presuntas irregularidades, «pero eso no puede suponer que los diputados tengamos que renunciar a nuestro derecho a conocer qué se está haciendo».

El síndic del PSPV, Manolo Mata, consideró que la decisión del Supremo «es el rejón de muerte para Antifraude, un organismo que nació con el voto en contra del PP. Si la agencia investiga y sospecha que se comete un delito debe derivarlo a la Fiscalía con discreción y esta sentencia imposibilita su función».

La Agencia Antifraude señaló a través de un comunicado que que seguirá defendiendo la «independencia» e «imparcialidad» de sus investigaciones contra la corrupción y su director, Joan Llinares, ha afirmado que «nunca» se han opuesto a la entrega de documentación sobre su trabajo «pero otra cuestión muy diferente son los expedientes de hechos que están siendo investigados». En esta línea, ha advertido que «si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos, se quebraría el procedimiento en sí mismo».