Tauroni insta a la Generalitat a que le pague ya 120.000 euros de las costas del Tribunal de Cuentas

Augusto César Tauroni, el cabecilla de la trama de Cooperación, ha instado a la Generalitat Valencianaa que le abone los más de 120.000 euros en costas a las que fue condenada en el Tribunal de Cuentas. En el escrito presentado ante el órgano enjuiciador, el empresario requiere formalmente el pago de la cantidad ante la falta de respuesta de la Administración. De igual modo, adelanta que pretende evitar la vía ejecutiva -reclamar el dinero judicialmente- porque sólo repercutiría en mayores costes para la Generalitat. Fuentes judiciales apuntan a que la factura final podría incrementarse un 30 por ciento.

El procedimiento hace referencia a la primera pieza del conocido como caso Cooperación. Por un lado, se reclamaba el desvío de ayudas al Tercer Mundo para la compra de dos pisos en Valencia. Cerca de un millón de euros se destinaron a este ilegal objetivo. Por otro lado, la Generalitat también pretendía recuperar la cantidad malversada en otros cinco proyectos al desarrollo. Pero en ninguno de los dos supuestos, el Tribunal de Cuentas le dio la razón. Tauroni, representado por el despacho Gómez Tejedor, no era un funcionario o empleado de la administración sino un proveedor. La consecuencia de todo aquello fue la condena en costas, importe que se incrementó tras recurrir la Abogacía de la Generalitat las primeras tasaciones. En total, por el primer procedimiento se impusieron unos honorarios de 96.000 euros. El segundo, otros 25.000 euros.

Estas cantidades son fijas desde un decreto del pasado mes de enero. Pero la conselleria todavía no ha ingresado el dinero en la cuenta de consignaciones. El empresario, según recoge en el mismo escrito, recuerda su compromiso con la Audiencia de Valencia de devolver el dinero desviado en los proyectos de Cooperación. Así lo acordó también en un pacto con la fiscalía. Dispone de dos apartamentos en Miami que todavía no se han vendido.

La Generalitat quiso en esta primera pieza que el Tribunal de Cuentas se pronunciara con independencia del TSJ que condenó a los acusados, el exconseller Blasco y Tauroni como cabecillas, y estableció el correspondiente pago de las responsabilidades civiles. Sin embargo, en la segunda y tercera pieza que se juzgó hace un año, la Abogacía sólo siguió el procedimiento penal. La Audiencia cerró el caso con penas mínimas, pero sin concretar de qué forma se debía devolver el dinero.

La Abogacía solicitó una aclaración de este aspecto a la Sala que, al parecer, tampoco se ha producido. En este punto de las actuaciones, lo que interesa fundamentalmente a la Generalitat y también a la fiscalía es recuperar el dinero más allá de que los acusados, salvo el caso de Marc Llinares que nunca ha entrado en prisión, cumplan la correspondiente pena de cárcel.