Un técnico de Marzà instó a llevar a fiscalía las ayudas a los socios de Francis Puig

La recomendación formaba parte de las conclusiones del informe del plan de control de las subvenciones recibidas por Kriol en 2017, al que ha tenido acceso este diario. Un documento que relataba que la firma obtuvo esa convocatoria una subvención de 22.609,84 euros en la categoría de 'proyectos singulares que fomenten el uso del valenciano y el multilingüismo en el ámbito social'.

Una ayuda para el proyecto 'Telescola, la televisió a l'escola' que cuando llegó 2019 y se sometió al plan de control de subvenciones, sacó a la luz números y fechas de factura de la cuenta justificativa que no coincidían con las aportadas al plan de control. Es decir, señala el informe, facturas «con justificación defectuosa o insuficiente» sobre un total de 13.128,5 euros de la ayuda concedida, algo más de la mitad del total.

La empresa aportaba además 22 nóminas por un total de 12.543,7 euros, aunque «consta la queja de una trabajadora» que sostenía que no trabajó y no fue receptora de cantidad alguna, pese a formar parte de ese listado.

Y por último, se subrayaba que cada uno de los capítulos digitalizados de ese proyecto 'Telescola, la televisió a l'escola' debía de durar 55 minutos, según la escaleta que se adjuntaba. Y sin embargo, ninguno de ellos supera los 26 minutos y 10 segundos. Facturas irregulares, trabajadores que no lo fueron y programas que se quedaron en una duración inferior a la mitad de lo comprometido. Y todo ello, subvencionado con dinero de la Generalitat para la promoción del valenciano.

Por todas estas irregularidades, el técnico de la conselleria de Educación Francisco Zamorano García proponía trasladar el expediente a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, por la queja de la trabajadora, a la fiscalía por si se hubiera podido cometer algún delito, catalogar como «expediente de riesgo» todos aquellos en los que hubiera participado la empresa Kriol, poniendo en marcha planes de control de los años anteriores y posteriores, y recomendar el inicio de un expediente de reintegro de la subvención de esa ayuda concedida en 2017.

Esa última recomendación es la que da lugar, el 7 de noviembre de 2019 -la propuesta era del 25 de octubre de ese mismo año-, a que el entonces conseller de Educación pusiera en marcha el inicio de hasta cinco expedientes de reintegro, por subvenciones concedidas en 2017, en cuatro casos a Canal Maestrat -otra firma de los socios de Francis Puig- y en el quinto a Kriol. Ayudas que sumaban 131.453,62 euros, y que derivaron finalmente en una reclamación de 170.819,98 euros que el Botánico tramitó fuera de plazo, motivo por el que el TSJ valenciano acepta los recursos de las empresas afectadas -Canal Maestrat y la propia Kriol Produccions- e impide que tengan que devolver esas cantidades.

Marzà atendió esa resolución, que no obstante no ha derivado en la devolución de los fondos públicos. Pero lo que no hizo fue dar traslado del mencionado informe a la fiscalía, tal y como recomendaba su jefe de servicio a la vista de que se habían seguido conductas «que pudieran ser constitutivas de delito».

Incoar el expediente para lograr la devolución de las ayudas también dio lugar a un proceso más que polémico. El expediente se inició el 7 de noviembre de 2019. Pero la conselleria de Educación acabó 'comiéndose' los doce meses de plazo máximo legal previsto para resolver y notificar su decisión, sumado a otro plazo de 79 días en los que los plazos administrativos estuvieron suspendidos por la pandemia. En total, casi 14 meses sin que la conselleria de Marzà llegara a notificar formalmente la solicitud de reintegro de las ayudas –más de 170.000 euros–.

¿Y cómo lo hizo? Tal y como reveló este diario, en la resolución por la que la conselleria solicita ampliar un mes el plazo para notificar esa decisión, el departamento del Botánico alega falta de personal en la dirección general de Política Lingüística, que es la que -señala- se encarga de la tramitación de esas ayudas. Falta personal, plazas vacantes, bajas por la pandemia, y las propias dificultades generadas por el Covid, se viene a relatar, explican que 14 meses después del inicio del expediente, aún fuera necesario pedir un mes más. Era tarde, y por ese motivo el TSJ decide ahora impedir esa posibilidad, aunque deja abierta la puerta a un recurso, que el Consell tiene la decidida intención de presentar.

De hecho, el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón ya ha advertido de lo sorprendente que resulta que el Botánico optara por solicitar cuatro días tarde esa ampliación de plazo, en lugar de declarar de oficio caducado ese expediente y abrir uno nuevo, fórmula que le habría permitido seguir adelante con la reclamación.

El conocido como cártel de las productoras, del que forman parte tanto Kriol Produccions como Canal Maestrat, de los hermanos Adell Bover lo conforman un grupo de empresas de televisión del norte de Castellón y en la que participa también Francis Puig, el hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, al frente de otras dos firmas, Comunicacions dels Ports y Mas Mut. El término cártel fue acuñado después de que Competencia de la Generalitat impusiera una sanción de más de 40.000 euros a varias mercantiles por pactar precios con el objetivo de recibir contratos de corresponsalías comarcales de À Punt.