La tensión entre PSOE y PP por el caso Koldo aleja aún más el pacto para mejorar la financiación

La crispación es máxima. Como si antes de la detención de García no se respirase una enorme tensión con todo lo relacionado con la amnistía.

A las turbulencias de los asuntos políticos que surgen se suma el ciclo electoral que arrancó en enero con el anuncio de las elecciones gallegas. El 21 de abril se celebrarán comicios en el País Vasco, otra cita complicada para los dos grandes partidos, sin mucho que ganar. Y el 9 de junio llegan las europeas.

El calendario de las urnas enrarece el ambiente de tal modo que ya se consideraba complicado poder iniciar cualquier tipo de acercamiento entre PP y PSOE de cara a alcanzar un pacto para consensuar un nuevo modelo de financiación. Sánchez ha reiterado desde el inicio de esta legislatura (aunque también lo hizo en el arranque de la anterior, si bien la pandemia sirvió para disculpar que el tema quedase aparcado) su deseo de desatascar la fórmula de transferencias a las autonomías.

Si los pactos con los independentistas y el ciclo electoral complicaban alcanzar un acuerdo, la aparición del 'caso Koldo' convierte el diálogo entre los grandes partidos en algo prácticamente imposible. PSOE y PP se mueven actualmente en un intercambio de golpes más boxístico que político, uno atacando y otro defendiéndose.

Esa efervescencia ambiental, con los líderes de ambos partidos con deseo (y necesidad) de reivindicar su figura, es exactamente el clima opuesto al que precisa la financiación para ser resuelta. Además, sus apoyos en el Congreso y en el partido son, ni más ni menos, las personas directamente implicadas en una potencial negociación: la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, junto a los barones populares al frente de las autonomías.

Sánchez se comprometió a impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica. El objetivo es poner las bases para establecer un marco estable que garantice los recursos económicos de las autonomías. El presidente del Gobierno, además, pretende introducir en la complicada ecuación el asunto de la corresponsabilidad fiscal. La ministra Morant, en sus primeros pasos como líder de la oposición en la Comunitat, no ha dejado de apuntar hacia la «paradoja» de bajar impuestos a través de los gobierno autonómicos (en su mayoría en manos del PP) y pedir dinero al Estado (con el gobierno central en manos socialistas), en la línea de Sánchez, Montero y, en general, el PSOE.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas entre 2024 y 2026 se han resituado en el centro del debate esta semana pasada. El pasado jueves, el Congreso de los diputados aprobó la propuesta del ministerio de Hacienda. PP y Vox anunciaron que lo rechazarán a través del Senado este miércoles, mientras que Montero adelantó que, si la propuesta gubernamental no prospera (y en la que se prevé autorizar un déficit del 0,1% del PIB para las autonomías), se volvería a la propuesta inicial incluida en el programa de estabilidad, y que en el caso de las autonomías prevé un déficit cero.

La Comunitat incorporó en los presupuestos un déficit del 0,3%. La diferencia entre una y otro cantidad (el cálculo del Consell y el objetivo fijado por el Gobierno) suponen algo más de 430 millones de euros de margen de gasto. Montero ya lanzó un caudaloso jarro de agua fría cuando descartó el fondo de nivelación que piden los gobiernos de Andalucía, la Comunitat, la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, el mismo que propuso ella misma hace unos meses en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El cerco financiero sobre la Comunitat se va cerrando de manera inexorable. La solución, en forma de una negociación que sirva para poner en marcha un nuevo modelo de financiación, se va alejando invariablemente, y aún más tras el 'caso Koldo'.