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Joaquín Barceló era conocido como Pachano, su apodo en el engranaje de la trama. El supuesto testaferro de Zaplana, amigo íntimo desde la infancia del expresidente, enterró este miércoles la reputación del que fuera ministro de Trabajo y todopoderoso expresidente de la Generalitat. «Zaplana me ... dijo que me hiciera cargo del dinero porque él estaba en política». Una sentencia que resume, sin necesidad de mayores aclaraciones, su participación en la trama delictiva.
Lo previsible se cumplió. No hubo sorpresas. Barceló materializó su confesión a cambio de una rebaja de pena, condiciones negociadas ya hace semanas con la Fiscalía Anticorrupción. En la tumba reputacional del expresidente, el acusado fue depositando tierra durante las más de dos horas que duró su declaración. Veremos cómo de determinante será este testimonio en una eventual condena para el exministro. El cambio de versión del ahora reconocido testaferro supone también una traición personal, la de un amigo de toda la vida. Este jueves ni se han saludado.
El testaferro -»si lo quiere llamar así», le dijo al fiscal- admitió que viajó a Luxemburgo para hacerse cargo de una sociedad, Imilson. «Fui en un avión privado con los Cotino». «Me dijeron que era todo transparente y lícito y acepté por amistad con Eduardo, sí». Al parecer, ese dinero había llegado de un negocio que había tenido Juan Francisco García, el que fuera jefe de gabinete del expresidente. Pero tampoco le dieron más detalles. Barceló, según se desprende de su declaración, era un cero a la izquierda en el organigrama. O al menos eso es lo que sostiene.
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El hombre de paja, según él, desconocía las cantidades que se depositaron en el pequeño país europeo, considerado por algunos un paraíso fiscal. «No sabía que había seis millones de euros. Pensaba que eran dos. Me enteré de esa cantidad cuando la UCO me detiene en mi casa».
No fue la única sorpresa que reveló el ya confeso testaferro durante su declaración. El acusado se mostró como un ignorante en asuntos empresariales y económicos, siempre seguidor de las órdenes que le transmitía Francisco Grau, asesor del expresidente. «Siempre he confiado en él y he firmado todo lo que me ha puesto por delante. No he leído esos papeles jamás».
Más tarde le presentaron a Fernando Belhot, el que se iba a encargar de la gestión de las sociedades desde donde se movería el dinero de Luxemburgo. «Él me dio poderes para ser el representante en España». El exministro no disponía únicamente de estos depósitos. «Los cinco millones de euros de Andorra también son suyos», añadió el ahora arrepentido. «Me lo dijo Francisco Grau, que era dinero de Zaplana, que necesitaba un intermediario».
Barceló reconoció que parte de ese dinero lo llevó en una bolsa de basura. El resto no sabe cómo llegó al país vecino. El problema para Barceló es que se lo ingresaron en su cuenta personal -«yo había abierto una para mí»- y eso finalmente hizo que su cuenta resultara «contaminada» en una investigación a la banca andorrana. Es en ese momento donde, según el testaferro, el expresidente le pone en contacto con Saturnino Suances, abogado y otro de los acusados en Erial. Él iba a ser el encargado de solucionar el embrollo y acreditar el origen legal de los fondos.
El colaborador del expresidente atribuyó al asesor de Zaplana ser el ideólogo de la creación de todas las sociedades para supuestamente repatriar el dinero en el extranjero. «No puse dinero, sólo mi firma. No di ni una orden de carácter económico». El fiscal se recreó en repasar todas las inversiones y lujos del expresidente en España: la compra de un barco, dos áticos en Altea, la adquisición del terreno en La Finca... «Todo era para Zaplana», reaccionó el acusado.
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Respecto a este último negocio en Somosaguas, en las inmediaciones de la conocida urbanización de lujo, recordó que la idea era que la comprara él y su familia. «Pero me dijo que lo hiciera yo yo para no perder la inversión. Me parecía un negocio transparente». Con la posterior venta del terreno, obtuvo unas plusvalías de cerca de dos millones de euros que se utilizaron en la adquisición de un piso de lujo en Madrid. «Él prefería que estuviera a mi nombre. Así está más tranquilo. Me lo pide y se lo hago». Tampoco ofrece más detalles.
Al parecer, según la versión de Barceló, todo esto lo hacía por amistad con el expresidente y negó que cobrara algo por su intermediación. «Iba a recibir 60.000 euros de la venta de la casa y, al final, nada». El acusado mostró cierta decepción con el que fuera su amigo. «No me siento defraudado, pero sí utilizado. Siempre lo he hecho pensado que todo era lícito. Mal hecho por mi parte», zanjó su confesión.
Zaplana, en declaraciones a los medios de comunicación, no se mostró sorprendido por esta declaración porque afirmó que el pacto ya babía sido anunciado en medios de comunicación. No va a cambiar de estrategia, según adelantó. «Es evidente que alguien miente». Hasta la sentencia no sabremos quién.
En el procedimiento se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. En total hay 15 acusados, entre ellos Zaplana, y el fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. De momento, el fiscal apenas ha preguntado por el supuesto amaño de ambas adjudicaciones. Al expresidente le formuló una cuestión, pero sin profundizar.
Quizá es una parte que se reserva para Juan Francisco García, la mano derecha del expresidente y que participó en las mesas de contratación. Es otro de los acusados que ha llegado a un principio de acuerdo con el fiscal para confesar su participación en la trama. Su testimonio puede ser clarificador en este sentido.
La acusación debe demostrar que el dinero proviene de una actividad delictiva para poder acusar por el blanqueo. Precisamente, el caso del pitufeo terminó en un repentino archivo al no poder probarse, ni siquiera de manera indiciaria, esa vinculación. El magistrado que firmó aquel auto, ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo, es el mismo que hoy ocupa la presidencia del tribunal de Erial.
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