Las trampas del entramado del hermano de Puig: gastos falsos, facturas duplicadas y conceptos no subvencionables

La casualidad quiso que el pasado viernes, justo cuando Diana Morant elogió el legado de Ximo Puig -«tú si eres molt honorable», llegó a decir- comenzara a circular la resolución judicial. El caso, sin duda, enturbió el inicio del congreso ya que generó una amplia repercusión mediática. Puig habló este sábado de «respeto a la Justicia».

El asunto arrancó con una denuncia del PP. Desde los inicios, la Fiscalía Anticorrupción apreció que el caso tenía cierto recorrido, aunque ha ido cambiando los delitos para que encajaran en los hechos que ha desvelado la investigación.

La instrucción judicial, por otra parte, no ha sido pacífica. Un error al notificar una de las prórrogas de la investigación llevó a la Audiencia a anular ese tiempo extra en las pesquisas de tal modo que el caso pudo quedar incompleto. Pero pese a todas estas incidencias, la Fiscalía sostiene que dispone de suficiente material para elaborar una acusación.

El auto del pasado viernes supone la asunción de buena parte del último informe del ministerio público donde se apuntaban los delitos de falsedad y estafa tras rechazar el fraude de subvenciones (el desfalco no superaba los 120.000 euros anuales).

La resolución recoge las argucias de Francis Puig, hermano del presidente, para captar subvenciones de la Generalitat destinadas el fomento del valenciano. El entramado se nutrió, según el juez, de tres prácticas ilícitas. Por un lado, facturas de gastos que no son subvencionables o facturados por empresas vinculadas de una manera directa o indirecta. En este último apartado destacan, por ejemplo, facturas de Joaquín Puig Mestre a Comunicacions dels Ports, la empresa de cabecera del entramado junto a otras tres mercantiles. Se trata de facturas genéricas en concepto de alquiler, que corresponderían a la dirección de Diseminados 25 de Morella. Dicho inmueble es un almacén de uso agrícola propiedad de Joaquín Puig, padre del administrador y del expresidente.

«Dichas facturas no estaban relacionadas con la actividad subvencionada», mantiene el juez. Supuestamente se pagaban 300 euros. La segunda de las irregularidades se corresponde con gastos no realizados al pagarse a los proveedores posteriormente al plazo máximo para justificar la realización, según subraya el instructor. El periodo analizado por los investigadores abarca el lapso 2015-2018. De hecho, la exmujer del socio de Francis Puig indicó en unas declaraciones que los ahora investigados presumían de que con la llegada del Botánico «se iban a forrar». Pero las empresas han recibido fondos también con el PP. Sin ir más lejos, hace apenas unos meses.

Por último, la tercera de las vías fue quizá la más grave porque resulta más complicado alegar desconocimiento o errores. «Facturas duplicadas, autofacturación, facturas cruzadas, falta de pago o no aportadas por el proveedor». El objetivo del conocido como cartel de las productoras -fueron sorprendidos y sancionados con 42.000 euros al pactar precios en un concurso de À Punt- fue el de acumular toda la facturación posible para incorporarla a los expedientes con tal de obtener el máximo dinero posible. No siempre se revisan todos los expedientes con detalle -resultaría imposible por tiempo y recursos- lo que permitió mantener el supuesto fraude durante varios ejercicios. La trama de las facturas puede cuestionar el supuesto legado de ejemplaridad del Gobierno del Botánico.