Transparencia, a la caza de los tramposos

El Consell ha decidido pasar a la acción con su política de transparencia. Después de aprobar la ley que reguló las incompatibilidades de los altos cargos y sus obligaciones a la hora de mostrar sus bienes, rentas y remuneraciones con periodicidad, el departamento que dirige Rosa Pérez se centrará ahora en comprobar si la información que suministran los miembros del gobierno valenciano y los que ya no lo son es real y se actualiza como toca. Para cazar a los tramposos, la Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI) ha elaborado un plan de control y verificación de los datos que están obligados a aportar los altos cargos actuales y los que lo fueron, hasta tres años después de su cese.

Así, a partir de la entrada en vigor del plan de control de 2021, Transparencia comprobará con una muestra aleatoria que se está cumpliendo la normativa de incompatibilidades. Las personas que se someterán a este control de verificación de sus datos se basará en criterios ponderados en los que primará la probabilidad por antigüedad como activo en el cargo, la posición jerárquica, la situación de activo en la Generalitat y quedarán exentas las que no habiendo presentado su documentación, aún están en plazo de hacerlo. En total, se verificarán los datos de 40 personas de los casi 330 altos cargos y directivos del sector público. Además, no se elegirá a más de un 30% de personas de la misma conselleria para garantizar la dispersión ni más de un tercio de los elegidos serán de empresas públicas. De ellos, un 10% tendrán que ser consellers o secretarios autonómicos, además del presidente y los dos vicpresidentes, para garantizar que el examen llega a los más altos escalones de poder del Consell. Los altos cargos cesados en un período de tres años también serán examinados con lupa, ya que tienen obligación de presentar su documentación sobre bienes y rentas hasta tres años después de dejar el cargo, pero sólo se revisará a un 15% de los ex.

Las actuaciones de la OCCI se iniciarán de oficio y deberán diferenciarse de aquellas que estén relacionadas con el procedimiento sancionador, bine como actuaciones previas al mismo o como parte del propio procedimiento sancionador, que se practicarán al margen.

La OCCI, una vez seleccionada la persona a la que verificará los datos aportados, podrá echar mano de distintas fuentes para obtener su información. Entre ellas, declaraciones y documentos oficiales, información de la Agencia Tributaria, del Boletín Oficial del registro mercantil, del consejo general de notariado, información académica de universidades, ayuntamientos y otros organismos. Una vez seleccionados los cargos o excargos públicos que deben rendir cuentas extra, Transparencia deberán hacerles una notificación formal y verificar si existen deficiencias o falta de aportación de algunos datos. En caso de que algunas de las cifras que deben registrar no aparezcan, la OCCI podrá solicitarla incluso a las unidades administrativas que abonan las nóminas o de datos bancarios de operaciones tributarias. Un toque de atención para que los cargos eviten la tentación de dar datos falsos o ser poco transparentes.