Trenzano destapa el plan del Consell de exigir el valenciano para ser médico

Trenzano, entrevistado en À Punt, ha hecho referencia a la presentación del acuerdo en materia de requisito lingüístico que hicieron hace pocas fechas la titular de Educación, Raquel Tamarit, y la de Justicia, Gabriela Bravo. Y ha explicado que es un acuerdo que «permite avanzar» porque por primera vez exigirá el conocimiento del valenciano a todos los empleados públicos, un hecho que ya ocurría en el ámbito educativo y que ahora se amplía a la Generalitat, a todas las empresas públicas, todos los ayuntamientos y a las universidades públicas valencianas.

El alto cargo de la conselleria de Educación ha admitido, no obstante, que todavía queda «por reconducir» por esta senda al personal estatutario sanitario. «Pero hemos de ir piedra a piedra haciendo pared, y tal y como ya se ha dicho el personal sanitario lo dejaremos para la tercera legislatura», ha subrayado.

Trenzano ha recordado que la ley de función pública, que es la que concreta el requisito lingüístico, no se aplica al personal estatutario de la sanidad. Pero ha subrayado que el conocimiento del valenciano ya entra en el ámbito sanitario, porque aunque no se aplica a médicos y enfermeros sí que se aplica sobre el resto de estructuras del ámbito sanitario. Médicos y enfermeros, no obstante, sí que se verían afectados por el requisito a partir de la próxima legislatura,

Preguntado por la alternativa que se plantea en ocasiones respecto a si prefiere una buena atención sanitaria o que esa atención se le preste en valenciano, ha señalado que es un sinsentido. «Necesitamos tener un buen sistema de salud y que los ciudadanos sean bien atendidos y entendidos cuando se dirigen a un centro sanitario. A los empleados públicos se les pide un requisito, que sean competentes en lo que van a realizar. A los médicos no se les pide que tengan un máster, sino un requisito concreto, que es que tengan una titulación» concreta.

Trenzano ha defendido también la creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos, para hacer frente a casos es los que algún empleado público se niegue a atender a un ciudadano si no se le dirige en castellano. «Son ejemplos que hemos de utilizar para reparar la situación en la que se encuentra nuestra lengua», ha dicho.

El pasado 28 de noviembre Bravo y Tamarit comparecieron ante los medios de comunicación para detallar el contenido del acuerdo alcanzado entre PSPV y Compromís para sacar adelante el requisito lingüístico en el seno de la ley de Función Pública. Un acuerdo que prevé que los altos funcionarios necesitarán a partir de 2025 acreditar el nivel C1 de valenciano, frente al B2 actual, para acceder a la función pública.

La medida se aplicará a la administración autonómica, local y el personal no docente de las universidades. Pero en esa comparecencia se subrayó que la medida no afectaría al personal sanitario, con su propio marco regulatorio, ni tampoco al educativo. Para los primeros, se detalló. se trata de un «mérito» el título de valenciano, pero no un requisito como se establece actualmente para la Administración.

Esta cuestión no ha sido abordada porque queda fuera de las competencias de la Ley de Función Pública, según Bravo: «Nadie tiene que ver el idioma como un impedimento para acceder a la administración».

La titular de Justicia también aseguró que «de ninguna forma puede perjudicar» esta capacitación a los funcionarios que ya tienen plaza en la administración, ya que el valenciano no era un requisito cuando accedieron. Eso sí, puntualizó que los interinos que quieran concurrir a un puesto deberán cumplir con la norma vigente en el momento de la oposición.