Los tres decretos que el Gobierno pretende aprobar este miércoles

Este real decreto –al que el Consejo de Ministros dio luz verde el día 19–, por el que se aprueban «medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», incluye iniciativas en las materias de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Un amplio apartado tiene que ver con la adaptación de la justicia a las nuevas realidades digitales. Y lo que es aún más importante, su aprobación resulta imprescindible a la hora de percibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, dotado con 10.000 millones de euros. Este texto es el que más ha criticado Junts, que pretende votar en contra de los tres. Pone el foco en el artículo 103, que incorpora una serie de modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil y que, según los posconvergentes, podría hacer peligrar la aplicación de la amnistía por la reforma del artículo 43 bis de dicha norma para certificar que las cuestiones prejudiciales ante el tribunal europeo frena la causa nacional.

El segundo decreto que se someterá a votación tiene que ver con la aprobación de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. El texto aprobado también el 19 incorpora la reforma del subsidio de desempleo que enfrentó en su momento a las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y a la que se opone ahora Podemos porque supone un recorte en las cotizaciones de los mayores de 52 años.

El Ejecutivo sostiene que con este tercer decreto busca dar herramientas a los ciudadanos «para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía». En la práctica, Sánchez amplía a este nuevo año el plan de choque contra la crisis de 2023. El Gobierno lo aprobó el 27 de diciembre y se trata del octavo paquete impulsado con el líder del PSOE en la Moncloa. Con este decreto se prorrogarían varias medidas como la rebaja del IVA a los alimentos o la gratuidad del transporte público. También continuarían todas las iniciativas de carácter laboral y social, mientras que otras rebajas, como los descuentos del IVA energético, se extenderían parcialmente.