Burguera
Martes, 14 de marzo 2023, 20:39
Acuerdan que no hay acuerdo. Así se cerró ayer en Les Corts la reunión a cinco bandas (tripartito, Ciudadanos y PP) para renovar las instituciones estatutarias, una cita acontecida un mes después de las últimas, cuando todo parecía encallado. Sin embargo, desde entonces, tras ... la salida de Ruth Merino de la sindicatura de Cs y con la entrada de Mamen Peris, la posibilidad de que los votos naranjas se sumen a los de la izquierda propició que se retomen las negociaciones con el fin de renovar la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia, el Consell Valencià de Cultura o el de Universitats.
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Todos estos órganos cuentan con el mandato de sus consejeros caducados. En algún caso, desde hace más de dos años, como en lo referido al Consell de Transparencia.
El tripartito dispone de la predisposición de Cs, y así suma la mayoría cualificada necesaria en Les Corts para aprobar los nombramientos. Con los votos de la izquierda no pueden salir adelante los cambios. La elección de esos consejeros supondrá situar al frente de los órganos de control al Consell, al menos tres años, a los propuestos.
Esa alianza entre el Botánico y Ciudaanos la conoce el PP desde hace un par de semanas y ayer se volvió a manifestar en la reunión de las representantes de los cinco partidos, que por espacio de una hora debatieron sin llegar a un acuerdo.
El PP dice sentirse «pseudoamenazado» y que no acatará un reparto en el que el tripartito se reserva presidir la Sindicatura de Comptes (la institución que audita las cuentas de entidades autonómicas y municipales de la Comunitat), el Consell Jurídic (el organismo que eleva los informes preceptivos sobre las iniciativas legislativas que impulsa el Ejecutivo) y el Consell de Transparencia (el ente que resuelve las denuncias sobre la rendición de cuentas de la Administración autonómica y municipal en el ámbito autonómico).
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Los populares consideran que, a dos meses de elecciones y con incertidumbre de quién gobernará la Generalitat, esta negociación es un trágala inadmisible. El pleno de Les Corts donde deberían ratificarse los acuerdos se celebrará en la última semana de marzo, cuando apenas queden 60 días para las elecciones, durante una sesión que servirá para que el tripartito de luz verde a las leyes que le quedan pendientes, así como a estos nombramientos.
Si Ciudadanos hubiera dispuesto de los escaños suficientes para sumarse a los del tripartito en una votación (dos tercios del total, 66 diputados), también se hubiera aprovechado ese último pleno de la legislatura para aprobar una reforma de la ley electoral valenciana. Sin embargo, la escalonada fuga de diputados naranjas durante la legislatura y la falta de fiabilidad de la totalidad grupo parlamentario que lidera Mamen Peris ha obligado al Botánico a aparcar esa reforma para rebajar el listón electoral del 5% al 3%, lo que garantizaría la presencia de Unides Podem la próxima legislatura, según las encuestas, y hubiera supuesto un rayo de esperanza para que Cs pudiera seguir vivo en Les Corts.
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Ciudadanos, en cualquier caso, sí cuenta con los suficientes escaños como para asegurar al tripartito la renovación de las instituciones, para la que es necesaria una mayoría de tres quintos, 60 diputados. Así pues, no serían necesarios los votos del PP, ni sus propuestas de candidatos. Esa circunstancia es la que exhibe el tripartito para forzar a María José Catalá, síndica del PP, a negociar y cerrar un pacto conjunto antes de la semana próxima, martes, cuando se celebrará la Junta de Síndiques que ordenará el último pleno de la legislatura. Si no es así, el tripartito podría terminar acordando con Cs y repartiéndose la veintena de nombramientos, lo que para el PP sería un «escándalo».
Desde el tripartito creen que los populares no quieren renovar las instituciones con las esperanza de que una victoria en las urnas les permita liderar las designaciones tras el 28 de mayo. Tanto la izquierda como Cs acusan al PP de retrasar los nombramientos para incluir en la negociación a Vox a partir de la próxima legislatura. Catalá, sin embargo, se encoge de hombros y señala que, así, no está dispuesta a negociar porque, de facto, no hay negociación, sino un reparto impuesto en función de los resultados electorales de 2019 y con los votos de Cs, una fuerza parlamentaria al borde del abismo. Además, los populares recelan de la obvia vinculación de los candidatos propuestos con los partidos proponentes, en muchos casos militantes de carné y manifiestamente contrarios al PP.
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