El tripartito aprovecha el presupuesto para remendar una veintena de sus propias leyes

Lo que socialistas, ecologistas, nacionalistas y comunistas criticaban año tras año cuando eran minoría en el parlamento valenciano ha resultado que se repite con ellos al frente del Consell. La ley sigue sirviendo igual para remendar rotos y hacer descosidos.

Algunas perlas del argumentario de la izquierda en la oposición cuando veía llegar la ley de acompañamiento: incluir en ella todo tipo de cambios es «una forma de eludir el debate parlamentario», «no tiene sentido que algunas, como la Ley de Hacienda, se toquen todos los años». «El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha demostrado que se pueden hacer unos presupuestos sin ley de acompañamiento», para no convertirla en un «cajón de sastre en el que todo es posible», «saltándose los trámites más democráticos». En 2010, desde el PSPV se consideraba que se trata de una norma «inútil, muestra los malos hábitos y la pereza que reina en el Consell» y criticó que se «aproveche» para hacer 30 modificaciones legales «de una tacada».

En 2009 fue calificada por la que portavoz de EU, Marga Sanz, como «ley escoba»; considerada entonces por Mireia Mollà (Compromís) como «ley autobús o ley ómnibus», y tildada por Cristina Moreno, que era portavoz de economía del PSPV en la Cámara valenciana, de «cajón de sastre». Así lo veían y lo aseguraban las voces autorizadas y representativas de la oposición en los años de Camps al frente del Consell. La crítica se mantuvo durante los siguientes ejercicios, con Alberto Fabra presidiendo la Generalitat.

A día de hoy, la ley de acompañamiento presentada supone la modificación de 35 leyes. Parchea normas de todo tipo, algunas de ellas con apenas uno o dos años de vida, confeccionadas, gestadas, debatidas e inspiradas por el propio bloque de izquierdas que ahora las remienda con esa actitud que en su momento les parecía un modo de saltarse «los trámites más democráticos», una muestra de «pereza del Consell».

Durante los ocho últimos presupuestos, todos ellos con el sello del Botánico, las modificaciones legislativas han superado ampliamente la treintena de media cada año.

Desde 2015, un total de 303 cambios en las leyes, más las 35 actuales. Inicialmente se justificaba tanto trajín legislativo por tratarse de rectificaciones acorde con el cambio del signo político al frente del Consell. La Generalitat pasó de estar en manos del PP a ser liderada por el bloque de la izquierda y había que resituar el marco normativo. Este viernes finaliza el periodo de negociación de las enmiendas parciales a la ley. Las iniciativas con posibilidades de salir adelante son todas del tripartito, obviamente. La mayoría de la normativa parcheada es propia del Botánico.

Que las leyes sean del tripartito no parece obstáculo para retocarlas también por la puerta de atrás de la ley de acompañamiento, compuesta por 179 artículos. O a través de las enmiendas posteriores que ahora se negocian. El bloque de la izquierda presenta un total de 113 enmiendas, entre conjuntas y particulares de cada uno de los partidos.

De las 35 leyes que pretenden modificarse, 21 se han promulgado en la etapa del tripartito, tres provienen de la época de Joan Lerma y el resto, once, se elaboraron en los años del PP en el Consell. Este año se pretende alterar el articulado de siete leyes aprobadas en Les Corts (con los votos del tripartito) en 2017; las modificaciones de normas promulgadas en 2018 se circunscriben a cinco leyes, dos de 2019, tres de 2020 y cuatro de 2021. Todas ellas botánicas.

No sólo hay cantidad, también se da esa variedad que incitaba a la izquierda de hace una década (y en la oposición) a considerar la ley un «cajón de sastre», cuando era el PP el que promovía los cambios. Se pretende modificar normativas tan dispares como la ley de lobbys, mancomunidades, políticas integrales de juventud, coordinación de policías locales, función pública, espacios naturales, seguridad ferroviaria, movilidad o vías pecuarias… sin contar que se presentan dos nuevas regulaciones, una de ellas, la vinculada con la creación de la Agència per a la Digitalització i la Ciberseguretat de la Generalitat que quizá podría tener encaje o justificación en el espíritu que impulsa la ley de acompañamiento... pero a ver quién explica que a través de esta norma se cambie el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat.

Aquella malvada puerta de atrás que empleaba la derecha para remendar sus leyes es ahora una maravilla para la izquierda también para retocar todo tipo de legislación.