El tripartito pacta aplazar la subida de impuestos a rentas altas hasta después de elecciones

Subir impuestos, pero después de las elecciones. Cuando la jurisprudencia se alía con los intereses políticos, se producen situaciones como ésta. El tripartito valenciano tiene previsto aprobar con la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2023 una bajada de impuestos para rentas medias y bajas. Sobre la mesa, la propuesta de Compromís y Podemos de que esa bajada, comprometida por Ximo Puig en el pasado debate de política general, viniera acompañada de una subida de impuestos a las rentas más altas. No será posible y no se aprobará. Al menos en los mismos términos que la rebaja fiscal.

La clave, tal y como ha desvelado este diario, tiene que ver con la jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional y del Económico-Administrativo. Con efecto retroactivo, que es la fórmula elegida por el presidente del Consell para que su rebaja fiscal sea percibida por los ciudadanos antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, se puede aprobar una bajada de impuestos, porque es en beneficio del contribuyente. Una subida, no. De manera que la renta de 2023, sobre el ejercicio económico de 2022, incorporará los nuevos tramos del IRPF y las nuevas tarifas, aunque el Gobierno valenciano aún no las ha desvelado. Pero cerrará la puerta a subir los impuestos a las rentas más altas, tal y como reclamaban Compromís y Podemos.

En realidad, esa subida de impuestos gustaba entre poco y nada en las filas socialistas. Puig no hizo mención alguna a ese escenario, consciente de que asociar su programa de gobierno al aumento de impuestos, mientras el PP insiste en bajarlos, le conducía directamente a la puerta de salida del Palau de la Generalitat. Eso sí, Compromís y Podemos obligaron a los socialistas a incorporar esa mención -«y con más contribución de las rentas altas»- en la propuesta de resolución debatida y aprobada en el mismo debate.

En la entrevista concedida hace pocas semanas a este diario, Puig volvía a mostrar su criterio contrario a esa eventual subida de impuestos. El presidente valenciano recordaba el acuerdo adoptado en 2017, y que permitió mejorar la progresividad del sistema fiscal autonómico, dijo, y advertía de que las rentas altas ya pagaban suficientes impuestos en la Comunitat Valenciana. Portazo a los planes de Compromís y Podemos.

Lo que ahora consta, además, es que esa subida de impuestos con efectos retroactivos no se podría llevar a cabo porque quebrantaría varios principios como el de seguridad jurídica, capacidad económica o interdicción de la arbitrariedad. La aplicación del efector retroactivo en el cobro de impuestos tiene ya varios precedentes que rechazan que se pueda llevar a cabo esta práctica si se convierten en disposiciones sancionadoras no favorables para los contribuyentes.

Por tanto, si esa subida de impuestos se acaba aprobando, en ningún caso sería con efectos retroactivos. Es decir, podría aprobarse en los presupuestos de 2023, pero sería para su aplicación a partir de ese año y sobre ese ejercicio prespuestario. Y claro está, la declaración de la Renta sobre 2023 se realiza... en 2024.

Las fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este diario explican que tanto Compromís como Podemos han entendido que la jurisprudencia les impide aplicar con efecto retroactivo esa subida de impuestos. Los tres partidos que componen el Gobierno valenciano se encuentran ya inmersos en la negociación de la letra pequeña de los presupuestos para el próximo ejercicio. El titular de Hacienda, Arcadi España, afronta por primera vez el reto de sacar adelante las cuentas -tal y como consiguió su antecesor en el cargo, Vicent Soler-.

Con Mónica Oltra fuera del Gobierno valenciano, todo apunta a que la negociación entre los socios del tripartito será menos apurada que en los últimos años. Sobre la mesa, además, el debate sobre la inclusión o no de ingresos que, en realidad, no se apoyan en previsiones presupuestarias reales. Para el ejercicio en curso, y por ese concepto, el tripartito valenciano 'pintó' en las cuentas casi 2.500 millones de euros que no se basaban en ninguna previsión real.

El conseller España podría optar por poner punto y final a esta práctica -que en realidad permite cuadrar los presupuestos al 'garantizar' los ingresos para todos los gastos que exigen las consellerias- o como poco, reducirla a la mínima expresión, la de los 1.336 millones que el Gobierno valenciano ha incorporado año tras año a sus presupuestos autonómicos bajo el concepto de ingresos por financiación, al margen precisamente del dinero que el Estado reparte entre las CCAA.