La ley de lobbys del Consell, una de las primeras que se elaboró en España, nació con la intención de aportar transparencia a la actividad pública. Tal y como ocurre en EEUU o en la UE, cualquier grupo de interés que pretenda presionar o ... influir sobre las entidades públicas, debe dar cuenta de su actividad. El tripartito incluyó inicialmente a los sindicatos entre los grupos de interés que deben difundir sus gestiones para influir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de elaboración y aplicación de políticas públicas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias. En el paquete de enmiendas a la ley de acompañamiento que se aprobará junto al presupuesto de este año se incluye el cambio de la ley de los grupos de interés con el fin de liberar a los sindicatos.
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Así, las organizaciones sindicales no tendrán, en primer lugar, que registrarse como grupo de interés. Actualmente hay ya cerca de medio millar inscritos en el registro de la Conselleria de Transparencia. Y en segundo, quedan exentos de comunicar sus reuniones con los cargos públicos y funcionarios de la Generalitat y de su sector público instrumental con el fin de beneficiar sus propios intereses o de terceras partes.
«Hay dudas sobre la legalidad o la constitucionalidad de considerar a los sindicatos y otras organizaciones como grupos de presión. Va en consonancia con la normativa del Estado», señalan desde la Conselleria de Transparencia para explicar las intenciones de esta enmienda, incluida en un paquete de medio centenar de iniciativas del tripartito y que pretenden incorporarse a la ley de acompañamiento. La ley fue elaborada durante la pasada legislatura, cuando el conseller era Manuel Alcaraz. Ha tardado cuatro años aplicarse.
Los sindicatos se pondrán al mismo nivel que los partidos políticos , las ONG's o las corporaciones de derecho público. ¿Quién sí que deben registrarse? Las consultorías de relaciones públicas y los representantes de empresas, «asociaciones industriales o de profesionales, colegios profesionales, organizaciones empresariales, talleres o grupos de ideas, despachos de abogados, organizaciones religiosas o de organizaciones académicas, entre otros», según señala la ley. Eso no se cambia. Esos seguirán teniendo que dar cuenta de su actividad.
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En la enmienda, dentro de los que están liberados se incluye un nuevo apartado específico, el d), destinado a «las organizaciones sindicales en el ejercicio de sus funciones constitucionales». Tal cual como los partidos políticos.
Estar incluido entre los «grupos de interés» no es precisamente un premio. Durante la elaboración de la ley, tanto los sindicatos como las patronales reclamaron no tener la obligación de inscribirse. El Instituto Valenciano de Finanzas, por ejemplo, también peleó para que no se incluyera su actividad.
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El Registro de Grupos de Interés de la Comunitat responde a los principios básicos en la concepción de un gobierno abierto: fortalece la participación, representa un ejercicio de transparencia y sirve al objetivo de rendición de cuentas como garantía de calidad democrática. A todo ello, se suma la inclusión del concepto de huella normativa recogido en la regulación, «un instrumento que permitirá seguir la trazabilidad de la actividad de influencia y su impacto en las políticas públicas», según explicó la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, cuando en marzo presentó el registro.
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