El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha reactivado la tramitación de las siete querellas que hasta la fecha se han registrado contra aforados, fundamentalmente el presidente Carlos Mazón, por la gestión de la dana el pasado 29 de octubre y la falta ... de medidas de prevención. Los plazos han estado suspendidos cerca de un mes, lo que explica el tiempo transcurrido entre las últimas decisiones.
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El alto tribunal ha dado traslado a la Fiscalía del Tribunal Superior para que se pronuncie acerca de su posición respecto a si abre una causa para investigar estos hechos. El contenido de ese informe suele determinar en gran medida la decisión que posteriormente adopten los magistrados.
De hecho, el TSJ también ha acordado que la decisión que se tome será debatida en Pleno, es decir, con todos los miembros de la Sala de lo Civil y Penal. Así, en la deliberación participará la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, y los magistrados Antonio Ferrer, José Ceres, Pía Calderón y el que fuera fiscal Anticorrupción y hoy magistrado por la cuota autonómica Vicente Torres.
Las querellas presentadas hasta la fecha son siete, según informó en su momento el TSJ. La primera fue la de la organización Iustitia Europa. A este primer escrito se le sumaron más denuncias de otras organizaciones y abogados a título particular. Otra de las más destacadas es la del sindicato CGT que interpuso una querella contra Mazón por un delito contra los trabajadores.
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De momento, no han llegado escritos de los dos grandes partidos políticos. El PSPV lo ha descartado, mientras que Compromís sigue trabajando en la recopilación de información antes de dar el paso. Se ignora si apuntará también a otros dirigentes nacionales lo que daría la competencia al Tribunal Supremo o limitará las responsabilidades al ámbito autonómico.
Al margen de las acciones en el TSJ existen otros procedimientos en juzgados unipersonales porque las denuncias no se dirigen contra aforados. Por ejemplo, contra dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Agencia Estatal de Meteorología y la Conselleria de Justicia e Interior, que aglutinaba todas las competencias de Emergencias.
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