La UCO admite la debilidad de los indicios delictivos contra el expresidente Olivas

Un episodio importante se produjo en septiembre de 2005 cuando compran las participaciones de Imison y Fenix, las dos empresas bajo sospecha para esconder los fondos. Al día siguiente de que ingresen el dinero en Luxemburgo, cambia el administrador de Costera del Glorio. Se pone al frente Joaquín Barceló. Hasta ese momento, era su mujer, relataron los investigadores.

La comparecencia de los agentes de la UCO, no obstante, resultó favorable para José Luis Olivas, otros de los expresidentes de la Generalitat investigados en la trama. El presidente del tribunal pidió concreción a los especialistas de la Guardia Civil acerca de qué indicios tenían de la participación de Olivas en los hechos y sólo pudieron decir que era el presidente de la Generalitat en el momento en el que se produjeron las adjudicaciones.

Olivas cobró 580.000 euros de Sedesa a través de una empresa familiar. De hecho, fue condenado por la falsedad de esa factura que supuestamente era el pago de un servicio de asesoramiento por la venta de unas acciones. Eso es lo que sostiene el acusado. Sin embargo, la Fiscalía defiende que, en realidad, era la parte de su mordida por el amaño de la adjudicación de los parques eólicos, una circunstancia que se produce bajo su breve mandato en el Palau.

Los especialistas fueron desgranando ante el tribunal la creación de sociedades y los procedimientos utilizados por los acusados para pagar las comisiones ilegales a raíz de las adjudicaciones públicas. Coinciden en el papel fundamental de Juan Cotino, expresidente de Les Corts y exdirector general de la Policía, en el origen y desarrollo de las operaciones bajo sospecha. Fue él, por ejemplo, quien ingresó los 600.000 euros en Luxemburgo que inician todo el proceso delictivo. El político se desvincula de Sedesa, la empresa familiar, en 2009 tras vender sus acciones por 11 millones de euros.

A Zaplana lo relacionaron con tres sociedades para disponer del dinero de las comisiones: Costera del Glorio, Medlevante y Gesdesarrollo. Respecto a la primera sociedad, se percataron de una aparente disposición de fondos y bienes por parte del 'expresident'; y sobre las otras dos sociedades observaron cómo éste tomaba las decisiones. De igual modo, observaron, durante las escuchas telefónicas, como el exdirigente, apodado el jefe, utilizaba un lenguaje diferente cuando hablaba con Grau de sus asuntos personales, declaración de la Renta por poner un ejemplo y cómo luego variaba el tono

Al respecto, el tribunal pidió, al igual que había ocurrido con el caso de Olivas, que concretaran la manera en que Zaplana tomaba esas decisiones, y uno de los peritos explicó que sobre Medlevante, fue el 'expresident' quien se opuso a la apertura de una cuenta bancaria; mientras que en el caso de Gesdesarrollo indicó que ante una oferta para comprar una parcela en Vilajoiosa, Joaquín Barceló --al frente de la misma y testaferro de Zaplana-- dijo al comprador que no le podía responder en ese momento.

Los agentes observan cómo Barceló comunicó que la aceptación de la operación la tenía que llevar a cabo «otro socio», aunque no nombró a Zaplana. Sin embargo, le siguieron y vieron cómo se desplazó ese mismo día hasta el Hospital La Fe, donde estaba el 'expresident' y, tras ello, Barceló realizó una llamada por la que aceptó la oferta. «La palabra que dijo fue 'conforme'», recordó.

Además, los peritos han descrito cómo Zaplana mantuvo reuniones «clave» en los periodos en los que tenían lugar las adjudicaciones públicas de las ITV. En concreto, se refirieron a encuentros entre el 'expresident' y el fallecido Juan Cotino, exdirector de la Policía y miembro del grupo Sedesa, adjudicatario de las ITV.

«Juan Cotino jugó un papel fundamental también en el entramado», han dicho, para agregar que fue la persona que viajó a Luxemburgo para entregar dinero en efectivo, más de 600.000 euros, con los que se constituyó Imison --empresa a través de la cual se vertebra la estructura societaria-- y, posteriormente, Fénix.

Tras este viaje hubo una reunión entre Zaplana y Cotino, describieron los agentes en base a la agenda intervenida al 'expresident'. Posteriormente hubo otro encuentro entre ambos cuando se produjo la apertura de propuestas en la mesa de contratación y otra al día siguiente de las adjudicaciones. «Las reuniones de Zaplana en cada momento temporal de la investigación se encuentran vinculadas a la persona que en ese momento es el actor principal, en este caso Juan Cotino».

Como consecuencia de la adjudicación del Plan Eólico, los agentes han destacado una petición que hizo Zaplana para que Juan Francisco García, su exasesor fiscal, solicitara 50 millones de pesetas a una empresa. «La contrapartida que iba a recibir ésta era una participación en el Plan Eólico a través de una mercantil que no había sido todavía adjudicataria», señalaron.

Zaplana y García hablaron también, según los agentes, en que tenían que articular la participación de la empresa a través de Castelló, responsable del Plan Eólico. «Tenían que presionar a Castelló para que permitiera la entrada de la empresa y eso finalmente se llevó a cabo o, al menos, se iniciaron los trámites», han descrito.

Los agentes expusieron que Imison y Fénix fueron el origen de las sociedades a los que se transfirieron un total de 11,2 millones de euros provenientes de la actividad de adjudicaciones de las ITV y de los Planes Eólicos. En ambas sociedades existían una serie de «similitudes»: se constituyeron el mismo día, en 2001; las dos se constituyeron en base a la compra de un campo de golf en España; y se originaron con la aportación de dinero en efectivo aportado por Juan Cotino, insistieron.