La UCO rastreará la base de datos de los tasadores de las parcelas que se entregaron al cabecilla de Azud

La tesis de los investigadores se basa en que el grupo Axis se vio favorecido al recibir las parcelas -en las que podían construir diferentes tipologías de viviendas, tanto libres como de protección oficial- por un importe superior a la deuda.

La UCO sostiene que el quebranto para el Ayuntamiento fue de al menos de 14 millones de euros. La entrega de los terrenos, en las calles Círculo de Bellas Artes, Reina Violante y Evaristo Crespo Azorín, se produjo tras la tasación por parte de Tinsa.

Los agentes han interrogado a una de las administrativas de la sociedad, líder en la valoración de inmuebles. La mujer ha explicado que a través de las bases de datos se podría conocer la identidad de las personas que participaron en esta tasación y quiénes dieron el visado. Y la UCO ha tramitado esta petición ante el juzgado.

El magistrado que recientemente ha asumido la causa ante la baja de la titular del juzgado ha aceptado la diligencia para que se entregue toda la documentación relacionado con las citadas tasaciones. De igual modo, desde la sociedad deberán facilitar cualquier aclaración que precisen los especialistas, según la providencia del juzgado. Las tasaciones se efectuaron en 2007.

La testigo ha explicado que una serie de tasadores externos eran los que hacían las evaluaciones económicas, pero que luego existía una especie de departamento de control que se encargaba de verificar esas cifras y visar que el documento era correcto. En el caso de los terrenos, había una persona específica para este cometido.

La administrativa de Tinsa admitió que para los casos complejos se podían pactar con el tasador determinado porcentaje de facturación. En el documento de las parcelas bajo investigación se hablaba de un pago al 50%. Al parecer, esto fue abonado por el Consistorio.

Esta operación se desarrolló en la etapa de Rita Barberá en el Consistorio. La investigación, siempre de manera indiciaria, ha permitido involucrar en esta mecánica a los principales investigados en el caso Azud. Por un lado, los populares. El vicealcalde Alfonso Grau y el cuñado de Barberá, José María Corbín, el letrado que cobró comisiones por adjudicaciones del Ayuntamiento y de empresarios con intereses municipales, siempre según la UCO. Determinada documentación apunta a que la mano derecha de la alcaldesa pudo recibir más de un millón de euros de este negocio.

Pero también en este sumario se han visto implicados destacados dirigentes del PSPV, como Rafa Rubio, el que durante años fue la cabeza visible del partido en la ciudad y el ideólogo del urbanismo local. Fue detenido cuando era subdelegado del Gobierno en Valencia.