La UCO sostiene que el PP de Valencia pagó campañas electorales con fondos opacos

Resulta, además, un personaje clave para conocer la supuesta corrupción de los populares. La UCO le sitúa como artífice de la financiación irregular de los populares. Fue condenado en su día por aceptar relojes de lujo de un empresario y figura como investigado en una pieza de Azud por presuntas comisiones de dos millones de euros por favorecer a un empresario.

Mari Carmen García Fuster, la 'cajera' del PP de Valencia, queda en un segundo plano. Se le pide un año de cárcel por cohecho. Ejerce su defensa José María Corbín, cuñado de Barberá y otra de las piezas señaladas en el sumario de Azud.

Las defensas tienen la esperanza de tumbar la causa por prescripción. Todas sostienen, con diferentes matices, que los hechos comenzaron a investigarse cuando ya estaban prescritos. Mantienen tanto para el cohecho como para la malversación que no existía un delito continuado y, por tanto, el cómputo sería menor. En cambio, la Fiscalía defiende la continuidad delictiva, lo que amplía los años de 'vigencia' de las consecuencias de ese delito. Se trata de unas consideraciones sobre presupuestos diferentes que la Audiencia acordó resolverlas en la sentencia.

Los acusados declararán al final de la vista, una petición que la sección Segunda suele conceder. Por eso, ayer, la sesión comenzó por los testigos. Cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) recordaron los inicios de la investigación. En concreto cómo se decidió, con autorización judicial, pinchar el teléfono de la concejal de Cultura María José Alcón, al aparecer en las grabaciones de Marcos Benavent hablando del amaño de contratos. En esa intervención detectan la llamada a su hijo donde hablan del famoso pitufeo y el supuesto blanqueo. Esta parte posteriormente se archivó por orden de la Audiencia con el visto bueno del Tribunal Supremo.

El caso cuenta con dos firmas clave. Por un lado, Laterne, que organizó la campaña del PP de 2007 y por otro Trasgos, que hizo lo propio cuatro años más tarde. La investigación apunta a que las mercantiles recibieron ingresos de empresas que eran contratistas del Ayuntamiento. Las agencias también se nutrieron de dinero en efectivo.

Uno de los investigadores admitió la dificultad de calcular a cuánto ascendió el coste de la campaña del PP de 2007. Pudo ser una cifra cercana «a los dos millones de euros», aunque un testigo apuntó un millón. En cualquier caso, una cifra considerablemente superior al máximo de 150.000 euros que tenían atribuidos.

Una operativa similar sucedió en 2011, pero con la agencia Trasgos, según los agentes. Esa campaña superó en al menos 110.000 euros el límite que se había establecido. «Se deduce que debía de existir otra fuente de ingresos». Así, se detectaron aportaciones de contratistas del Ayuntamiento de Valencia a la empresa Trasgos y dos de sus firmas satélites.

El PP, explicaron los agentes, tenía dos cuentas: una del Caixabank y otra del Sabadell. En esta última es donde se registraron los ingresos en efectivo de Mari Carmen García Fuster. Aparte de ella, estaban autorizados para acceder a este depósito Alfonso Grau y otros dos cargos populares. «La utilizaba el grupo y se nutría de las cuotas de afiliados, pero también de unos ingresos que se recogen bajo el epígrafe CyA». En total, 187.400 euros. García Fuster dijo en su día que eso hacía referencia a colaboradores y allegados. Previamente el dinero de esa cuenta se utilizó para pagar, entre otras cuestiones, gastos electorales a la empresa Trasgos. «No había control sobre esa cuenta», subrayaron. Estaba al margen del Tribunal de Cuentas porque no consta como perteneciente al partido.

Las defensas apenas preguntaron a los agentes. Sólo la de Salinas incidió en el supuesto borrado de información de Turismo Valencia. Un técnico de la empresa de mantenimiento informático hizo una copia ante la sorprendente petición. Y así averiguaron que una de las agencias investigada había sido cliente.