La última chapuza de Baldoví con la reforma de la financiación autonómica

La historia de la enésima 'iniciativa estrella' de Compromís, para acabar con la infrafinanciación de la Comunitat arranca del veto del Gobierno de Pedro Sánchez a aceptar una enmienda de Baldoví a los presupuestos de este año en la que se solicitaba un cambio del sistema de financiación, así como la aplicación de distintos fondos compensatorios para las CCAA peor financiadas.

Ese veto se produjo en octubre del año pasado. Y la iniciativa que iba a presentarse en Les Corts ese mismo mes vio la luz finalmente el 26 de enero. La espera de más de tres meses, que la coalición justificó en su día en la búsqueda del «máximo consenso posible» en la Cámara autonómica, sólo sirvió para que otro grupo parlamentario, el de Unides Podem, firmara con los nacionalistas la propuesta.

Una iniciativa que, en resumen, incorporaba un fondo de 1.200 millones de euros repartidos entre las CCAA de régimen común en atención al número relativo de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación, así como 19.854 millones a repartir en atención al peso relativo de la población de derecho de cada Comunidad Autónoma en 2022. De hecho, esa modificación del capítulo de gastos de los PGE es la que llevó al Gobierno a vetar la propuesta de Baldoví en el debate del Congreso.

La coalición no sólo presentó tarde en Les Corts su propuesta. También lo hizo mal. El título de la proposición de ley presentada era de «modificación de la ley 2/2022, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y de las ciudades con Estatuto de Autonomía». La ley 2/2022 a la que hace referencia la formación nacionalista no era «la que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común», sino la de «medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias». La que regula la financiación autonómica, que era la que pretende modificar Compromís, es la 22/2009, de 18 de diciembre. De hecho, por eso el sistema de financiación autonómica aún en vigor se aprobó en 2009 –a finales de año aunque con efecto retroactivo desde el 1 de enero– y lleva 'caducada' desde principios de 2014, es decir, más de ocho años.

Compromís presentó en Les Corts su propuesta a finales de enero, y como propuesta de ley. Eso significaba que para su aprobación requería de la celebración de dos sesiones plenarias de Les Corts: la primera, para aceptar su tramitación y abrir un periodo de enmiendas; la segunda, para aprobarla formalmente.

Y claro, sólo queda un pleno de Les Corts, el que se celebrará la próxima semana. De manera que Compromís se ha quedado sin tiempo material para sacar adelante su propuesta. La Mesa y la Junta de Portavoces de Les Corts tiene previsto reunirse este martes para fijar el orden del día de esa sesión plenaria, en la que podría abordarse también la renovación de diversos órganos y entes estatutarios.

Incluso aunque Compromís quisiera llevar al pleno el debate de su propuesta, la utilidad se reduciría a eso, a un debate. Porque con el final del periodo de sesiones la iniciativa decaería. Y para la próxima legislatura debería de volver a presentarse.

La posición de Compromís en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica se ha visto comprometida desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa –porque la coalición abandonó la beligerancia que sí mostró durante la etapa de Mariano Rajoy-. Y especialmente desde enero de 2020, cuando Baldoví aceptó como bueno el compromiso de Sánchez de presentar en ocho meses una nueva financiación.

Aquel anunció derivó en diciembre de 2021 en la presentación de una propuesta de población ajustada contra la que el Gobierno valenciano alegó, al asumir que el nuevo sistema perjudicaba aún más los intereses de la Comunitat. Pese a lo chocante de la situación, Baldoví no ha abandonado en ningún momento la actitud colaboracionista con el Ejecutivo de Sánchez. Ni siquiera después de proclamar, tras haber sido elegido candidato de su coalición a presidir la Generalitat, que sería necesaria una actitud más beligerante con el Gobierno central. Una beligerancia que, paradójicamente, él nunca ha ejercido frente a Sánchez.