La UME valenciana, una herramienta contra las emergencias que se quedó en el papel

Una de las primeras decisiones del Gobierno de Carlos Mazón fue la de poner punto y final a la UME valenciana, un proyecto impulsado por Gabriela Bravo, la consellera de la que dependía el área de Emergencias en la última parte de la etapa del Gobierno del Botánico.

La iniciativa de disponer de un cuerpo de estas características surgió tras las graves consecuencias de la DANA de 2019 y el papel que en aquel episodio jugaron los bomberos forestales. En resumen, el proyecto venía a habilitar los mecanismos que permitirían activar a los bomberos forestales como un servicio de emergencias multidisciplinar. Una iniciativa que el PP valenciano siempre consideró como un chiringuito.

El decreto de creación de esa UME valenciana se aprobó en febrero de 2023, ya con la convocatoria electoral a la vuelta de la esquina y obviamente sin margen alguno para su desarrollo. Preveía la puesta en marcha de una central operativa propia que tendría como misión la movilización y gestión de sus propios recursos, (servicio de bomberos forestales, personal técnico operativo, jefaturas de dotación, operadores de comunicación, logística, formación, comunicación e imagen pública,…) integrado en la sala del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en el que se establecerá el Puesto de Mando y Control de la UVE.

Eso era lo previsto, es cierto. Pero el Botánico únicamente aprobó el decreto, el papel en el que se recogían las intenciones. Ni ganó las elecciones como para desarrollarlo, ni tampoco aprobó antes ese decreto como para haber hecho posible su desarrollo.

El Consell de Mazón, en cambio, llegó al Palau de la Generalitat con la decidida intención de poner coto al descontrol en las empresas públicas, algunas de ellas con poco más que estructura directiva pero sin personal ni funciones claras.

Una situación que, en el caso del área vinculada a las emergencias, se retrataba con dos empresas dedicadas a objetivos relacionadas con esa área, la SGISE y la ASVRE, y con la creación añadida de una Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), que es como se pretendía bautizar a esa UME valenciana.

La consecuencia de ese hecho es que, según considera la actual administración valenciana, la UME valenciana tenía 0 bomberos y 0 medios materiales –aunque los bomberos de los que se pretendía disponer eran los forestales-. La sospecha extendida en el Ejecutivo de Mazón es que la UME valenciana sólo iba a servir para crear puestos para pagar sueldos a eventuales colocados a dedo. Una sospecha justificada además en el intento de la SGISE, unos años antes, de colar una RPT con 900 puestos de trabajo más de la plantilla real de bomberos dependientes de esa empresa.

La UME valenciana debía servir para coordinar el área de emergencias con una operativa propia que se encargaría de la movilización y gestión de sus propios recursos. Resulta discutible, no obstante, que esas funciones de coordinación no fuerean precisamente las que asume la SGISE, denominada así precisamente por ser la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias.

«La UVE nunca existió, nunca fue nada. Era un decreto sin respaldo detrás. No tenía ni oficinas. Era una agencia fantasma», se zanja desde la administración autonomica. En cambio, se explica, el actual Consell «ha reforzado el servicio de bomberos forestales, ha adquirido un compromiso de reforzar y modernizar sus medios materiales y ha reforzado la colaboración con los bomberos de las diputaciones y los FCSE».

Pese a todo, en redes sociales han aparecido en las últimas horas diversos comentarios que hacen referencia al error que supuso poner punto y final a esa iniciativa de la UME valenciana.

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