Varapalo del fiscal al Ayuntamiento por la petición de personarse como acusación en el caso Azud

Con estos antecedentes, el Ayuntamiento de Valencia acaba de recibir otro varapalo por parte del fiscal. Los abogados del Consistorio reclamaron en su día, cuando la causa estaba todavía secreta, personarse para seguir la investigación del letrado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá. La petición fue desestimada. Ahora lo han intentado de nuevo, lo que ha llevado al fiscal a pronunciarse en similares términos, y no sin cierto reproche, respecto a las pretensiones de los abogados del consistorio.

El fiscal sostiene que le Ayuntamiento incurre en un error cuando asegura que debe estar presente en el procedimiento para defender los intereses públicos. «Su función no es representar a los ciudadanos o la comunidad . Al contrario es una institución puesta a su servicio». El interés de los ciudadanos estaría representado por el papel de la Fiscalía. Así pues, la acusación mantiene que el Consistorio lo que defenderá en todo caso «son los intereses particulares de dicha corporación». Insiste el informe del fiscal: «En esta causa ni antes ni ahora existe un daño o perjuicio particular para el Ayuntamiento». Más allá, aclara el profesional, de los funcionarios que han trabajado al servicio de la trama «y que han erosionado el interés general y la confianza en las instituciones».

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Sorprendió, al parecer, uno de los argumentos ofrecidos por el Consistorio: que la causa parece ser de dominio público, en referencia a las numerosas informaciones publicadas en las últimas semanas sobre el sumario del caso Azud. No acierta el fiscal a ver qué importancia puede tener ese hecho para abrir la puerta a la personación del Gobierno de la Nau.

Anticorrupción recuerda, en cambio, el efecto perjudicial que puede generar para los investigados lo que la doctrina ha venido a llamar «hipertrofia de acusaciones», algunas de ellas de carácter «cosmético», es decir, sin una finalidad evidente sino más bien destinadas a generar ruido, circunstancia que puede retrasar el «ya parsimonioso proceso penal». En definitiva, el fiscal insta a la Administración a que en vez de la personación adopte un papel de colaboración con la Justicia proporcionando «los medios materiales».

La posición del Ayuntamiento resultó especialmente incomprensible con el caso de Thematica, la pieza del caso Imelsa donde se investiga el amaño de un contrato municipal en la época del PP. El Gobierno local estuvo personado todo el procedimiento. Al final, reclamaron la imputación de Mayren Beneyto, la edil del PP que sustituyó a María José Alcón. Pero los hechos estaban prescritos, según dictaminaron el juez y el fiscal. A continuación, desistieron del procedimiento sin mayores explicaciones. Precisamente el juicio se está celebrando estos día en la Audiencia de Valencia. El fiscal es la única acusación.