Vox recurre al caso Oltra para justificar que debe acusar en solitario en Azud

Vox mantiene su empeño en acusar en Azud, el sumario que implica a cargos del PP y del PSPV y donde se analiza también la financiación ilegal de los socialistas en 2007 y 2008. La titular de Instrucción 13, por economía procesal, decidió que tanto la formación de derecha populista como el PP concurrieran bajo una misma dirección letrada. Una situación que lógicamente no interesa a ninguna de las formaciones. Limita el posible 'rédito' político que obtengan de su personación.

El partido que dirige Santiago Abascal, no obstante, trata de revocar esa decisión de la jueza. En el recurso a la Audiencia mantiene que no se dan los requisitos para concentrar ambas acciones penales porque no se ha constatado «un perjuicio al buen orden del proceso». Vox considera que la decisión de la instructora ha sido precipitada. 

Pero, además, entre los argumentos del recurso se encuentra la decisión que se adoptó en su momento en el conocido como caso Oltra, las diligencias judiciales por un supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos sexuales contra el exmarido de la vicepresidenta, condenado posteriormente a cinco años de cárcel. El titular rechazó la pretensión de la líder de Compromís y mantuvo separadas las acusaciones populares (Vox y una asociación de Cristina Seguí).

La representación legal señala que en el caso Azud no concurre una «convergencia de intereses y puntos de vista» en la actuación procesal, argumento que sí permitiría imponer esa unión para actuar conjuntamente.

La personación del PP y de Vox no ha sido pacífica. La jueza les impuso una fianza de 10.000 euros, una cantidad excesivamente alta comparada con otros procesos de similar naturaleza. Además, no dudó en arremeter contra ambos al impulsar su personación antes de las elecciones y a las supuestas relaciones que con ambas formaciones tendrían dos de los principales acusados en la trama: José María Corbín y Alfonso Grau.

No es la única incertidumbre en estas diligencias. El futuro de Acción Cívica en la causa de Azud se complica. La organización que lucha contra la corrupción y que dirige Antonio Penadés ha tratado de personarse como acusación popular en este macrosumario. De hecho, fue la primera organización en solicitarlo. De esta forma se sumaría a Vox y al PP que ya figuran en la causa, aunque unificados bajo una misma dirección letrada, la de los populares.

Sin embargo, tras la solicitud de Acción Cívica, algunas defensas alegaron que Joan Llinares, que ahora preside la Agencia Antifraude, había pertenecido a la organización. ¿Y cuál era el problema de ese pasado? Pues que la Agencia ha sido designada como perito en este caso. Ahora, la propia Acción Cívica ha admitido que Llinares fue miembro de la junta directiva desde su constitución hasta el verano de 2017, cuando abandonó esa representación.

Más tarde se convirtió en el director de Antifraude, una propuesta ideada por Podemos para controlar las malas prácticas en la Administración. Nunca contó con el respaldo del resto de partidos con representación en Les Corts.

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