Ximo Puig: «El 34% de los consellers del PP están imputados o en la cárcel»

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado hoy que «el 34 por ciento de los consellers del PP están imputados o en la cárcel», lo que evidencia que «ha habido demasiadas complicidades», y ha defendido que ahora los valencianos tienen «un Gobierno honrado», que es «lo que se merecen».

Puig se ha pronunciado así durante la sesión de control en Les Corts, donde ha habido numerosas alusiones a la detención del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, que a juicio del president supone «un hito doloroso» para los valencianos.

«Los Gobiernos del PP han sido un enorme fracaso», ha aseverado Puig, quien ha resaltado que hace diecisiete años ya le dijo a Zaplana en la tribuna de Les Corts que estaba haciendo cosas «irregulares» y la respuesta de este fue que «nunca podrán demostrar nada» y que todo eso eran «fantasías».

Sobre cuándo empezó todo esto, Puig ha emulado las palabras de Mario Vargas sobre «en qué momento se jodió el Perú» para aseverar que «a partir de 1995 empezó a joderse el Perú», y ha considerado «indignante» que quienes lograron el apoyo democrático «acabaran prostituyendo la confianza de los valencianos».

La portavoz del PP, Isabel Bonig, le ha replicado que no eluden responsabilidades, asumen los errores que cometió el partido, adoptan medidas «contundentes» y han asumido «las responsabilidades políticas», ante lo que Puig le ha preguntado cómo se pueden asumir las responsabilidad política de alguien que lleva detenido 48 horas.

Bonig le ha instado a que la Generalitat se persone en la causa por la «supuesta financiación ilegal del PSPV y Bloc», pues hay 26 imputados «y no puede eludir su responsabilidad», pues algunos de ellos están «cobrando un sueldo público».

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha lamentado que el PP convirtiera «la caja de la Generalitat en un auténtico erial para uso y disfrute de sus amiguitos», y ha resaltado que el expresident Francisco Camps «no inventó nada, no era un innovador», sino que cuando llegó al cargo otros ya habían marcado «el camino del saqueo y el modus operandi».

Ferri también ha criticado la «nefasta gestión» de la Fórmula Uno, ante lo que Puig ha indicado que ese evento que iba a ser «gratis» va a costar a los valencianos 308 millones de euros, «eso si no aparecen más sorpresas».

Ha recordado que la Generalitat se ha personado en la causa por la compra de la empresa Valmor por el Consell y en la de los «sobrecostes millonarios» en la construcción del circuito, y ha lamentado que «las fantasías pagadas con dinero público acabaron siendo un mal sueño», como la línea T2 de metro, que se va a reactivar con la adjudicación de la redacción de la nueva línea 10.

El portavoz de Podem, Antonio Estañ, ha indicado que «el zaplanismo ni se crea ni se destruye, sino que se trasvasa», y «es hora de que pase a la historia» el modelo económico en el que se basaron, como el «drama» de los desahucios, donde las plataformas antidesahucio «están todavía por delante de las instituciones».

Puig ha indicado que la persistencia de los desahucios es un «drama social» que produce «dolor e intranquilidad», aunque se ha «avanzado mucho»; ha sostenido que este Consell «no quiere gente sin casas, ni tampoco casas ni gente», y le ha pedido apoyo para que en los Presupuestos de 2019 se pueda dar «un paso decisivo».

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha acusado al Consell de «olvidar» a un sector «fundamental», como el agroalimentario, lo que el president ha negado y ha sostenido que «las plagas no saben de fronteras, y los virus tampoco», aunque «no los virus nacionalistas».

Puig ha mostrado su «solidaridad» con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que ayer «sufrió un juicio porque algunas personas aún no han entendido qué es la democracia», a lo que Bonig ha dicho que condena esos hechos, pero le hubiera gustado ese mismo apoyo en los dos «escraches» que sufrió en su casa.

Bonig ha anunciado además que la semana que viene el PP y las familias «inundarán» los tribunales de recursos «apelando contra las resoluciones del Consell en materia educativa».