Zaplana reclama la nulidad de Erial por el pacto de Anticorrupción con el testaferro de su fortuna

La instrucción, siempre según su tesis, ha consistido básicamente en unir a la causa «las distintas investigaciones realizadas por la Guardia Civil, con la declaraciones que le parecía oportuno y sobre las líneas de investigación que dicha fuerza policial consideraba, sin atisbo de encomienda o control judicial».

En este sentido ha lamentado, una vez más, el hecho de que las defensas no hayan podido contrarrestar esas imputaciones al rechazarse todas las diligencias solicitadas. Desde el inicio de la instrucción, la realidad es que no se ha admitido prueba de descargo.

Al margen de esa censura a la labor instructora, el expresidente critica el auto de incoación de procedimiento abreviado porque «no es posible apreciar ni un orden cronológico, ni temático ni subjetivo, sino que se van mezclando retazos de un relato confuso en el que no se distinguen que conductas que puedan ser calificadas de los distintos delitos imputados a cada uno de los encausados».

Toda la investigación e imputación sobre el expresidente se basa, según su análisis, en la declaración «previamente pactada» del testaferro Fernando Belhot -pasó de ser investigado a testigo tras entregar siete millones de euros al juzgado- y la llamada «hoja de ruta», los papeles que dieron inicio a la investigación judicial y que supuestamente fueron hallados por un confidente sirio en un piso donde Zaplana había residido en Valencia.

De igual modo, considera irregular la modificación que efectuó la jueza de auto para incluir el delito de cohecho a Zaplana y los Cotino. El letrado del expresidente sostiene que no es ese el procedimiento para modificar un punto tan nuclear de la causa como si el expresidente recibió dinero a cambio de adjudicaciones públicas.

La representación legal del expresidente enumera algunas de las cuestiones que llevarían a una nulidad de la causa. Recuerda, en este punto, el registro en el despacho del letrado de Marcos Benavent. Fue en aquella entrada donde se encuentra la documentación que ha dado origen a la presente causa. Y todo pese a que se acota ese registro a lo relacionado con la causa de Imelsa.

Sin embargo, 163 días después, según el letrado, la UCO presenta un informe en el que informa de este «hallazgo casual» y la apertura de nuevas diligencias. Esto se hizo sin que se hiciera constar durante el registro del despacho la aparición de esa documentación que nada tenía que ver con el objeto principal del asunto. Se debió, entonces, ampliar el auto de entrada y registro, una nueva autorización al juez para que se legitimara esa nueva información. No se hizo.

De igual modo, la defensa arremete contra las grabaciones de las reuniones que Zaplana mantuvo con otros investigados en la causa, entre ellas, un encuentro con el testaferro Belhot en un hotel de lujo de Madrid. «Las autorizaciones eran tan amplias que permitía a la Guardia Civil la utilización de dispositivos electrónicos para captar y registrar cualquier reunión que pudieran tener los investigados con otros investigados o con terceros». La Ley obliga, según el letrado, a que se concrete exactamente los lugares donde se pueden realizar estas intervenciones.

Por último, subraya la ilegalidad de la declaración de Fernando Belhot cuando la causa estaba bajo secreto y, por tanto, sin presencia de las partes. El abogado uruguayo pasó de ser investigado y citado a declarar a disfrutar de la condición de testigo. «Sin embargo, no es posible en ningún caso en nuestro sistema jurídico la concesión de un beneficio punitivo consistente en garantizar la completa inmunidad de una persona que supuestamente ha participado en los hechos delictivos». Aquella comparecencia nunca ha sido ratificada en el juzgado una vez el secreto dejó de estar vigente.

El relato de hechos del auto ahora impugnado, por otra parte, ofrece una conducta claramente delictiva, con el control de un supuesto patrimonio atribuido a Zaplana y diversos métodos para proceder a su blanqueo y la entrega de efectivo según las necesidades económicas del exdirigente popular.