Zaplana recurre su condena alegando pruebas fabricadas, contradicciones y confesiones pactadas

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que con fecha 15 de octubre de 2024 dictó sentencia que condena a Zaplana como autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho años y cinco meses. También le considera culpable de un delito de cohecho, a la pena de tres años y once meses de prisión, multa de 4.400.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de nueve meses de prisión para el caso de impago e inhabilitación especial para especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años y cinco meses. Igualmente, por un delito de falsedad, se le condena a la pena de un año y seis meses de prisión, y por el delito de blanqueo de capitales, a cinco años de carcel y una multa de 20 millones.

El recurso solicita que se anule la condena y se absuelva a Zaplana o, en su defecto, se repita el juicio, pero sin las pruebas obtenidas en una instrucción que el escrito detalla como plagada de irregularidades y vulneraciones de los derechos fundamentales del expresidente.

La sentencia «supone una grave infracción de principios y normas esenciales del proceso penal y en la aplicación de los tipos penales por los que se condena« al expresidente, según su defensa, para la cual, durante la investigación se »quebrantaron gravemente garantías esenciales« que propiciaron la »indefensión« de Zaplana durante »la larga instrucción, la mayor parte de ella en secreto«.

«A falta de genuinos elementos de prueba sobre los delitos investigados y sobre la participación de Zaplana en los mismos, en la sentencia impugnada se ha recurrido a declaraciones pactadas de forma clandestina con la finalidad de incriminar a mi representado«, según el escrito de la defensa, que menciona las confesiones de Fernando Belhot, Joaquín Barceló o Juan Francisco García, sobre los que señala que »se han visto beneficiados de un trato privilegiado, tanto ellos como sus cónyuges y su patrimonio, a cambio de declarar« contra Zaplana, el que fuera su amigo y socio durante décadas.

La defensa reprocha un «evidente engaño» para dar validez a la denominada «hoja de ruta» descubierta en un piso que habitó Zaplana, y que apareció tiempo después, supuestamente olvidada por el expresidente. También se recurre la obtención de documentación durante registros «sin cumplir con las mínimas exigencias legales y jurisprudenciales». Además, se señalan supuestas contradicciones en la sentencia condenatoria y se solicita que por la «gravedad de la condena y la trascendencia social del procedimiento penal» seguido contra Zaplana, debería celebrarse una vista para explicar el recurso y sus argumentos.