La alcaldesa de Sellent, imputada por la contratación de un peón en el Ayuntamiento

Irregularidades en un proceso de selección de personal en el municipio de Sellent han terminado con la imputación de la alcaldesa, Raquel Sancho. La primera edil, que pertenece al Partido Popular, está citada mañana en el juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Alzira para aclarar las supuestas deficiencias en la contratación de un peón para este consistorio de la Ribera Alta.

La denuncia fue interpuesta por uno de los aspirantes, precisamente el que ocupaba el primer puesto en la bolsa de trabajo abierta para este cometido y que se terminó anulando.

Los hechos se remontan a finales de 2019 cuando se realizó una oferta para peón de servicios múltiples. El ahora denunciante, representado por el despacho Blasco Morales, quedó en primera posición, como acredita la documentación aportada al juzgado junto a la querella. El profesional que finalmente fue contratado por el Ayuntamiento quedó en quinto lugar en ese proceso, siempre según recoge la querella.

Sin embargo, este expediente nunca se materializó con la incorporación de este operario, el vencedor en el proceso competitivo. El motivo, según el querellante, es que desde el Ayuntamiento tenían interés en darle el puesto a la persona que había quedado en quinta posición. Las mismas fuentes insinúan en la denuncia la existencia de una relación personal del finalmente beneficiado con la corporación municipal. No se aclara la naturaleza de este vínculo. Esto será una cuestión que se deberá determinar durante la investigación judicial.

A continuación, se elaboró un nuevo expediente de contratación, subvencionado por Labora, en el seno del cual se otorgó un puesto de trabajo ad hoc para la citada persona. Las funciones de este expediente eran idénticas a las que se recogían en el primer proceso de selección. El letrado del denunciante solicitó acceso a este expediente, pero desde el Consistorio se opusieron al no ser el trabajador parte interesada. Lo que podía ser una falta de transparencia se ha convertido en un procedimiento penal.

La acusación particular sostiene que la alcaldesa ha cometido un delito de prevaricación al dictar una resolución arbitraria siendo consciente, además, de lo ilegal de esta actuación desde su posición de responsable pública.

Así, la tesis del letrado es que al observar que en el primer procedimiento no salía elegida la persona que el Consistorio supuestamente deseaba, la primera edil habilita otro proceso diferente para otorgar el puesto. La alcaldesa debería acudir mañana a las 11.30 horas al juzgado para aclarar este asunto. No se descarta que a raíz de su declaración se puedan solicitar nuevas diligencias, como la imputación de más responsables del municipio, que pudieron participar en esta operación.